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Denuncian ante la CIDH hostigamiento militar en Ostula

El cuerpo del niño Hidelberto Reyes García, quien murió tras recibir un balazo el 19 de julio de 2015, fue enterrado el 21 del mismo mes. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, el Comisariado de Bienes Ejidales y pobladores de Santa María Ostula, Michoacán denunciaron el clima de hostigamiento que permanece en contra de la población, con incursiones periódicas a sus comunidades por parte de elementos del Ejército y de la Marina.

Además, señalan que el Estado mexicano ha sido omiso en investigar, juzgar y condenar a los militares que el 19 de julio de 2015 –durante una manifestación de protesta por la detención del comandante de la policía comunitaria, Cemeí Verdía-, dispararon contra pobladores, acción que costó la vida al menor Hidelberto Reyes García, de 9 años de edad, y dejó heridas a más de 16 personas.

La misiva denuncia, con el expediente 129/2015, que la Marina y el Ejército Mexicano han omitido exhibir los videos que tomaron desde los vehículos durante el operativo, montado junto con la Policía Estatal de Michoacán, y que comprueba la abierta agresión sufrida por los pobladores de Ostula.

Señalan también que desde estas agresiones también se ha agravado la situación económica local, debido a que se ha ahuyentado al turismo que llegaba al sitio.

Además, ante esta situación, muchos comuneros han tenido que montar guardias e incorporarse a las tareas de seguridad, por lo que han dejado sus parcelas, que les daban para al autoconsumo.

Denuncian que a la agresión implícita que representa para la comunidad de Ostula cualquier presencia militar en la región, la Marina Armada de México ha realizado incursiones y cateos en las encargaturas de La Cobanera, La Ticla, El Quin e Ixtapilla.

“Lo anterior nos preocupa especialmente dado que entre 1os años 2011 a 2014, en que hubo una mayor presencia militar, fue el tiempo más oscuro y violento, en el cual mataron a más compañeros comuneros y la delincuencia organizada saqueó nuestros bosques, realizaron aprovechamientos mineros clandestinos y provocaron desplazamiento de alrededor de 200 familias que debieron salir de nuestras tierras para proteger sus vidas”, señala la carta.

El escrito de actualización de hechos es respaldado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Red Todos los Derechos TDT, y la Asociación Jaliscience de Apoyo a Grupos Indígenas.