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Edil de Querétaro busca privatizar el espacio público, alertan ONG

Integrantes del Frente Social Queretano durante una protesta contra la privatización de servicios públicos y la instalación de parquímetros en el centro histórico, el 5 de enero anterior. Foto Demian Chávez

Mariana Chávez, corresponsal

Querétaro, Qro. El alcalde de esta ciudad, el panista Marcos Aguilar Vega, envió una iniciativa de ley al Congreso del estado que permita instalar casetas de acceso a las colonias con la justificación de mejorar las condiciones de seguridad en este municipio. Representantes de cuatro organizaciones sociales denunciaron que si los diputados aprueban esa medida será una forma de privatizar el espacio público.

El pasado 31 de enero, por mayoría de votos, el ayuntamiento aprobó la propuesta que contempla reformar el artículo 180 del Código Urbano del estado, que fue turnada al Congreso local el 2 de febrero.

El gobierno panista asegura que con la iniciativa se busca mejorar la seguridad y regularizar 54 de 384 fraccionamientos de la ciudad que ya cuentan con acceso restringido, además de que unos cien fraccionamientos están interesados en aplicar sistemas de acceso controlado.

Representantes de las organizaciones civiles señalaron que aprobar esa medida en todo el estado será una forma de privatizar el espacio público, pues al ser un lugar cerrado las autoridades municipales ya no estarán obligadas a otorgar servicios básicos de seguridad, limpia y vialidades.

En conferencia de prensa, Ignacio Kunz Bolaños, vicepresidente de la organización Foropolis Querétaro, explicó que cerrar colonias y colocar casetas de vigilancia representará una clara privatización del espacio público, pues al bordear el conjunto habitacional limitaría el libre tránsito y los servicios básicos que son responsabilidad del gobierno municipal.

Además, el problema de inseguridad, dijo, no se resolverá con la instalación de casetas y plumas, al tratarse de un problema complejo, el cual es necesario atender de forma integral.

Representantes de las organizaciones Observatorio Ciudadano de la Movilidad, Libre Abordo, Forópolis y activistas de Juriquilla, precisaron que el Código Urbano del estado contempla el régimen condominal, lo que significa que desde la construcción de la unidad habitacional está contemplado el espacio para la instalación de casetas y las personas que adquieren una vivienda en ese predio cerrado, aceptan y acuerdan el pago de servicios básicos a la administración del lugar.

La diferencia con la propuesta de Aguilar Vega, dijeron, radica en que en el régimen condominal es legítima la instalación de casetas, pues desde la edificación del conjunto fue contemplado el espacio. En cambio, con la reforma representaría instalar los puestos de vigilancia en colonias que desde su origen no estaban contemplados, y actualmente es público y de libre tránsito.

Kunz Bolaños reiteró que los conjuntos habitacionales en el régimen condominal tampoco representan una opción, porque fragmentan una ciudad que debe ser integral.

Mencionó que la propuesta del ayuntamiento capitalino contraviene lo estipulado en la Ley General de Asentamientos Urbanos, en los que se especifica que los espacios públicos no se pueden privatizar, y el artículo 11 de la Constitución en lo referente al libre tránsito.

Comparó la pretensión del edil panista de formar conjuntos cerrados, con la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de levantar un muro en la frontera con México para evitar el ingreso de migrantes y que no ingresen presuntos delincuentes.

Puso de ejemplo al fraccionamiento Jurica, ubicado en el municipio capitalino, donde existe un muro que divide la zona residencial con la popular. Por lo que los activistas hicieron un llamado público al Congreso local para no aprobar esa iniciativa.

A partir de que Aguilar Vega asumió el cargo de edil capitalino en octubre de 2015, el ayuntamiento queretano aprobó privatizar el servicio de recolección de basura, el espacio público para la instalación de parquímetros, la concesión de luminarias en el alumbrado público y la adjudicación para la separación y reciclaje de la basura.

Además aún pretende privatizar los mercados públicos y casas de la cultura, ésta última detenida ante la inconformidad generalizada.