Milicia y Justicia / Acuerdos Militares: es tiempo de explicaciones

Jesús Aranda

Ciudad de México. Es un hecho que la cooperación militar con Estados Unidos se mantendrá a pesar de las amenazas y acciones implementadas por Donald Trump con relación a los derechos humanos de los migrantes mexicanos y en el ámbito comercial; sin embargo, ello no justifica que las fuerzas armadas impulsen acuerdos “en lo oscurito” con otros países, sin rendir cuentas a nadie, ni siquiera al Senado de la República que tendría que tener injerencia en el asunto.

El pasado martes, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017), que se realizó en Cozumel, y en  la cual –de acuerdo con los documentos oficiales- México fue anfitrión y los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos “coanfitriones”, el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, general Juan Manuel Pérez Ramírez, reveló que las fuerzas armadas de su país y México impulsan un proyecto “muy importante” de fuerza de tarea en su frontera común para combatir el crimen organizado en la zona, mediante patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento, además de intercambio de información e inteligencia.

Parecería una acción normal entre naciones soberanas, salvo que en los hechos, el Comando Sur de los Estados Unidos asumirá un papel preponderante en materia de colaboración, intercambio de información e inteligencia generada por los militares mexicanos y guatemaltecos.

Es decir, para que haya colaboración militar entre dos naciones, explicó un militar mexicano cuando fue cuestionado sobre los alcances de este proyecto, que lleva cinco años de preparación.

Se requiere que los equipos de comunicación entre ambos ejércitos sean compatibles, y que el intercambio de inteligencia cumpla con determinados parámetros previamente establecidos, entre otras cosas.

Obviamente, añadieron, para lograr que los medios tecnológicos y los protocolos sean homogéneos deben tener una misma fuente, Y aquí es donde entra el Comando Sur, el cual al proporcionar equipos, capacitación y entrenamiento a los dos países, también tendrá acceso a la información e inteligencia sobre temas sensibles como tráfico de migrantes, drogas y crimen organizado que existe en la frontera de Guatemala y México.

Como ha sido una costumbre histórica, la cooperación militar ente el Ejército y la Armada de México con otros países –particularmente con Estados Unidos- es un tema que no se discute al interior del congreso, sea por ignorancia o porque los legisladores no tienen elementos para sentarse a discutir con los militares sobre el impacto que tienen para la seguridad nacional la celebración de acuerdos de colaboración, capacitación y adiestramiento con terceras naciones.

No digamos sobre temas como la adquisición de armamento en el exterior, la cual no puede depender únicamente de pesos y centavos, sino que tiene un sentido estratégico que debe ser analizado de manera conjunta por las fuerzas armadas, la cancillería y el Senado de la República.

Es tiempo de explicaciones sobre los acuerdos militares firmados por México con otros países, para que éstos sean valorados en su justa dimensión con base en una política de Estado.

¿Y quién invadió México en 1914?

Hablando de la falta de una política de Estado en materia de cooperación militar. El pasado 21 de abril se conmemoró la Gesta Histórica del pueblo de Veracruz en contra de la invasión de Estados Unidos en 1914.

Sin embargo, en el evento realizado en la Heroica Escuela Naval Militar, ninguno de los oradores oficiales, empezando por el Presidente Enrique Peña Nieto hizo alusión alguna a quién fue el invasor. Se habló del heroísmo del pueblo mexicano y los marinos que se sumaron a la defensa del puerto de Veracruz, se dijo que esos hechos demuestran que cuando los mexicanos nos unimos somos capaces de seguir adelante, etc.

Lo más que dijo Peña fue que los mexicanos en 1914 defendieron al país “de la invasión exterior”.

¿Miedo, temor, ignorancia o fue una acción premeditada para no hacer enojar al señor Trump?

De seguir así, en un tiempo no muy lejano, los libros de texto oficiales ya no hablarán de la invasión estadounidense a Veracruz en 1914, sino de una invasión del “exterior”.

Envalentonado por la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de confirmar la destitución definitiva del juez federal, Luis Armando Jerezano Treviño –quien fue acusado de amparar ilegalmente a empresas de casinos y por enriquecimiento ilícito por más de 26 millones de pesos- y por la resolución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de destituir de manera definitiva al magistrado Guadalupe Luna Altamirano –quien en su momento se consideraba el “Garzón” mexicano por extraditar al argentino Ricardo Miguel Cavallo por delitos  cometidos durante la dictadura en su país-, el ministro presidente Luis María Aguilar Morales sostuvo ante estudiantes universitarios que el Poder Judicial de la Federación “no tolera y en cambio sanciona” a quienes no cumplen con su deber de honestidad.

Sin embargo, al interior de la propia Suprema Corte está por resolverse el escándalo por las denuncias de acoso laboral y acoso sexual en el Canal Judicial, durante la administración de Enrique Rodríguez Martínez.

Hay dos temas que preocupan a los más de 20 trabajadores que presentaron sus testimonios ante la Contraloría Interna de la Suprema Corte sobre abusos, malos tratos, uso de instalaciones del Canal Judicial para consumir alcohol y drogas.

El primero, que cuando el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea –quien se encargará de elaborar el proyecto de dictamen para sancionar o absolver a los presuntos responsables de los hechos ocurridos en el Canal Judicial- publicó su primer colaboración en un periódico capitalino, el ex director del Canal no perdió la oportunidad para felicitarlo a través de su cuenta de Twitter.

Situación que fue vista por algunas de las víctimas como síntoma de una relación amistosa entre el ministro Zaldívar y Rodríguez, quien fue destituido de su cargo para ser investigado por los hechos referidos, lo que podría afectar la imparcialidad del juzgador.

El segundo, la relación de amistad que tiene el ex director del Canal Judicial con la ministra Margarita Luna Ramos, al grado que la esposa de éste ingresó a trabajar con la juzgadora después del despido de Rodríguez. Además de que Luna movió sus influencias para que el hijo de ambos ingresara al CENDI de la Suprema Corte, saltándose en la fila a trabajadoras que esperaban desde hacía más de un año un lugar para sus hijos en la citada guardería.

Consideran los trabajadores que al menos, Luna Ramos tiene la obligación de declararse impedida de conocer el asunto del Canal Judicial, cuando éste sea discutido por el pleno en sesión privada, por tener nexos de amistad con uno de los directamente involucrados en los hechos. De no hacerlo, la decisión que adopte la Corte carecería de credibilidad.

Veremos si la Suprema Corte confirma lo dicho por su presidente y demuestra con hechos que no tolera y en cambio, sanciona a quienes no cumplen con su deber de honestidad.

@jaranda24