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Reos, con derecho a amparo contra traslado de penal: SCJN

Un helicóptero de la Marina en cuyo interior Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z-40, fue trasladado de la SEIDO a un penal de máxima seguridad, en julio de 2013. Foto Cuartoscuro / archivo

Jesús Aranda

Ciudad de México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el derecho de los reos, sin importar la gravedad de las acusaciones en su contra, a ampararse en contra de la orden de traslado a otro penal. Lo anterior, al analizar un incidente de inejecución de sentencia promovido por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien demandaba el cese y consignación de las autoridades penitenciaras que lo cambiaron del penal de alta seguridad del “Altiplano” en Almoloya, estado de México al de Occidente en Puente Grande, Jalisco, sin contar con una orden judicial.

Treviño Morales, quien fue detenido el 15 de junio de 2013 por elementos de la Armada de México cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas, logró dejar sin efecto, mediante juicio de amparo ante un juez federal, la orden de traslado emitida por la Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

En su resolución, el tribunal federal advirtió a dicho Consejo que, en caso de insistir en trasladar a Treviño a otro centro carcelario, tenía que acudir ante un juez federal para que lo autorizara. El 30 de marzo de 2015, el Z 40 fue regresado al penal del Altiplano, con lo que fue cumplida la sentencia.

Sin embargo, el 30 de septiembre de ese año, la autoridad carcelaria emitió una nueva orden de traslado, para enviar a Treviño Morales al Centro Penal de Occidente Número 11 en Hermosillo, Sonora.

El quejoso argumentó que el nuevo cambio era una repetición del acto reclamado, la cual fue hecho con dolo por parte de la autoridad.

Ante ésta demanda, el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Readaptación Social justificó que el traslado de Treviño no fue el único, que ello se debió “al estado de alerta máxima que se decretó en el Centro Federal del Altiplano, derivado de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán –ocurrida el 11 de julio de 2015- y que ésta fuga puso en riesgo la seguridad, el orden y la disciplina que debía operar, tanto en el multicitado Centro Federal, para garantizar y que, por lo tanto, tenía que reestablecerse la seguridad y el orden público en ese centro”.

Además de que, las autoridades tenían que garantizar la seguridad “a quienes estaban ingresados en el mismo, por eso, tomó las medidas necesarias e inmediatas, a fin de evitar cualquier otra fuga, así como garantizar la seguridad y el orden público, por eso es que se realizó en octubre de dos mil quince, este traslado.

El primero de diciembre de ese mismo año, se dejaron insubsistentes las órdenes de traslado del quejoso y se autorizó y ordenó el reingreso inmediato, ─una vez más─ al Centro Penal ubicado en el Altiplano, en donde los registros indican que sigue detenido.

El pleno de la Corte consideró que las autoridades penitenciarias si incurrieron en la repetición del acto reclamado, pero que “no puede atribuirse dolo a la autoridad, por las circunstancias de urgencia, la situaciones emergentes que sucedieron en ese Penal del Altiplano”, además de que el quejoso ya fue restituido en sus derechos y reingresado a la prisión del Estado de México, por lo que, los ministros decidieron no sancionar a las autoridades involucradas con la destitución y consignación penal.