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Sistema de archivos en México aún con carencias: Inai

El nuevo comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, tras rendir protesta en el cargo, en mayo pasado. Foto Francisco Olvera

Fernando Camacho

Ciudad de México. El sistema de archivos en México todavía presenta varias carencias y errores porque el país inició de forma tardía la labor de organizarlos, por lo que es urgente trabajar en la creación de una adecuada Ley General de Archivos, afirmó el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Acuña.

«En México iniciamos tarde y mal el tema de la convertibilidad democratizadora –desde los años 70– por la omisión que se hizo del tema de los archivos. En cualquier país democrático moderno, primero se resolvieron los archivos y después se resolvió la apertura transversal de la información pública», subrayó el funcionario durante la apertura del foro «Los archivos en la sociedad digital».

Luego de enfatizar que los archivos son «la columna» de la administración pública o privada, Acuña Llamas hizo un llamado a todas las instancias involucradas a trabajar para crear la mejor Ley General de Archivos posible.

Por su parte, Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, lamentó que las autoridades no le han dado la importancia que merece al tema de los archivos, al tiempo que se dijo preocupada por los términos en la que está redactada una iniciativa de Ley General de Archivos que actualmente se encuentra «congelada» en el Senado.

La mencionada propuesta, afirmó, no hace referencia a la necesidad de la difusión, la gratuidad y accesibilidad de los archivos, no menciona la urgencia de que los registros históricos sean controlados por el gobierno federal únicamente por razones políticas.

«No hay ninguna razón para que la Secretaría de Gobernación controle la gestión documental del país. Si les dicen otra cosa, es un argumento político, no técnico, y tampoco habría razón para que esta transición (hacia un control no gubernamental de los archivos) se tome ocho años, como se ha planteado» en la iniciativa de ley, sino únicamente en dos años, aseveró la experta.