Stella Calloni, corresponsal de La Jornada
Buenos Aires. Multitudinarios gritos de “no a la impunidad”, “nunca más”, “ningún genocida suelto en el país” atronaron este miércoles la histórica la Plaza de Mayo y las avenidas adyacentes cuando una multitud calculada en casi medio millón de personas llegó para rechazar el fallo por mayoría de la Corte Suprema de Justicia, que permitía aplicar una ley que no estaba en vigencia para que los condenados por delitos de lesa humanidad pudieran pedir su libertad.
Emocionante fue el momento en que la multitud, que traía pañuelos blancos anudados al cuello, en solidaridad con las Madres y Abuelas, los agitó en el aire. Fue un mar de oleaje blanco, una reafirmación de que el pueblo argentino no está dispuesto a volver atrás los años de lucha que costó llegar a estos momentos, cuando desde 2005 pudieron iniciarse los históricos juicios para juzgar y condenar a los responsables de aberrantes crímenes de lesa humanidad, durante la dictadura más cruenta que vivió el país (1976-1983).
“Es un acto histórico contra un fallo de la justicia, contra magistrados por parte de la gente. Es una verdadera rebelión”, gritó un manifestante emocionado hasta las lágrimas.
Poco antes, el Senado aprobó por unanimidad la ley que excluye del beneficio del 2×1 a los autores de crímenes de lesa humanidad, después que la noche del martes obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.
“Nunca más impunidad, nunca más secuestrados, nunca más para los que robaron niños, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al silencio, no queremos convivir con los asesinos de nuestros hijos, hermanos, familiares”, dijo Taty Almeyda, de Madres fundadoras de Plaza de Mayo.
Y advirtió que el fallo abría las puertas a la impunidad. También destacaron las madres que siempre buscaron la justicia y nunca la venganza. “Sólo la justicia que no tuvieron los miles de desaparecidos”.
Advertencia a Macri
La presencia multitudinaria era una advertencia al gobierno del empresario derechista Mauricio Macri de que así como en derechos humanos no se admitirá volver atrás en los logros de la justicia, tampoco se aceptará lo que varios llamaron “una política de destrucción del país” que está llevando a la miseria, a la entrega de todo lo recuperado en los últimos años y especialmente en los derechos ganados por el pueblo, ahora castigado por el desempleo, el aumento de la pobreza, la inflación y la pérdida de soberanía.
En todas las respuestas de los consultados por su presencia en el lugar, se señalaba al gobierno como el responsable de lo actuado por los jueces, especialmente porque dos de ellos fueron impuestos por Macri y porque cada día más se hace evidente la dependencia de la justicia a las decisiones políticas del gobierno. Especialmente en la persecución político-judicial-mediática a los que considera sus enemigos políticos.
Desde su campaña electoral antes de ser elegido presidente por escaso margen en la segunda vuelta en noviembre de 2015, Macri, cuyas empresas fueron favorecidas y se multiplicaron durante la dictadura, se había expresado despectivamente contra la lucha de derechos humanos a los que calificó como un curro (una forma de hacer negocios), y luego de su ascenso al gobierno comenzaron a destruir programas activos de derechos humanos. Funcionarios muy cercanos al mandatario trataron de desacreditar esta lucha, diciendo que “sólo había ocho mil desaparecidos”.
Uno de los hechos más importantes de esta marcha fue que prevaleciera la unidad, ya que existen divisiones entre los organismos humanitarios y también que fueran diversas fuerzas políticas, que están generalmente enfrentadas, y miles de manifestantes independientes, algo que poca veces ha sucedido.
La Corte Suprema de Justicia falló hace una semana a favor de otorgarle el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, y surgió una avalancha de solicitudes para obtener la libertad de militares responsables de secuestros, torturas desapariciones y robo de niños nacidos en cautiverio. La indignación movilizó a todos los sectores de la sociedad, incluyendo algunos partidos que diciéndose opositores ayudaron al gobierno de Macri en varias medidas anti populares.
Esta fue la gota que desbordó el vaso. Después de estar en silencio por primera vez Macri sostuvo durante un acto que nunca había estado de acuerdo con el 2X1 que fijaba la ley y que permitía la impunidad. Pero ya era tarde, nadie le creyó.
Desde Bélgica, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió que “el gobierno tuvo algo que ver” con el fallo de la Corte Suprema a favor de los genocidas y denunció que “hay una justicia totalmente alineada con el Poder Ejecutivo”, después de un encuentro con diputados europeos que la consultaron sobre la aplicación del 2×1 a los represores.
La ex mandataria señaló también que Mauricio Macri tiene “una nueva mayoría automática” en el máximo tribunal y llamó a manifestarse.
Por otra parte, la Comisión de la Organización de Naciones Unidas que vista el país, por el caso de Milagro Sala, ratificó su posición sobre la detención ilegal de la dirigente social y sostuvo que debe ser puesta en libertad inmediatamente, mientras investiga la situación de otros detenidos en Jujuy y Mendoza.
Algunos sectores piden la renuncia de los funcionarios gubernamentales, que apoyaron inicialmente el fallo, como el secretario de Derechos Humanos, Claudio Acruj y otros.
