Monterrey, NL. En total abandono, el casino Royale cumple cinco años de haber sido incendiado por un comando deLos Zetas, hecho que provocó la muerte de 52 personas.
En esta ocasión no hubo misa ni ofrendas de las familiares de las víctimas y el secretario de Gobierno, Manuel González, hizo una guardia de honor de 5 minutos que cambió dos veces de hora.
En 2011, un grupo armado llegó al casino, ubicado en la avenida san Jerónimo, al poniente de Monterrey, y después de disparar al techo, roció gasolina en la entrada del inmueble que estaba lleno de apostadores, en su mayoría mujeres y personas de la tercera edad.
El fuego, pero principalmente el humo, acabó con la vida de 52 personas, una de ellas embarazada. Las indagatorias revelaron que algunas de las salidas de emergencia estaban obstruidas.
La mayoría de las víctimas pensó primero en una balacera y por eso buscaron refugio en los rincones más escondidos del inmueble. Cuando se dieron cuenta que el peligro real era el fuego, era muy tarde para poder salir.
Actualmente, los 13 miembros de Los Zetas que fueron señalados como responsables del incendio están muertos o encarcelados, pero aún quedan pendientes, de acuerdo con la lista de responsables que determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Entre los señalados están, la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces encabezaba el panista Santiago Creel, pues otorgó los permisos a este tipo de establecimientos mediante la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, la cual dejó de hacer inspecciones desde 2010.
Protección Civil del estado de Nuevo León porque el casino no cumplía con las condiciones necesarias, la institución dijo que eso correspondía a la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio.
Y el ayuntamiento de Monterrey porque su Secretaría de Desarrollo Urbano no verificó las condiciones de protección civil, y se informó que la tarea le correspondía a Protección Civil estatal.
Otros de los principales señalados por los familiares de las víctimas como responsables sin castigo son los entonces funcionarios Jorge Camacho, director de Protección Civil, y Fernando Larrazábal, alcalde panista de Monterrey.
En tanto, Samara Pérez, vocera de los familiares de las víctimas, señaló vía telefónica desde la Ciudad de México, que trataría de organizar una misa en la Basílica de Guadalupe y descartó cualquier actividad en Monterrey, a diferencia de los cuatro años anteriores en que se realizaba una misa y una marcha.
Gloria González llegó a dejar un solitario ramo de flores junto a las cruces de madera que representan a cada una de las víctimas y que estaban originalmente colocadas en la barda perimetral. Luego las autoridades municipales colocaron un parabús frente a ellas y hoy apenas se ven.
“Están muy abandonados aquí hoy, se olvidaron de los familiares muy pronto. Aquí falleció una amiga mía, Petra Bustos, a quien sigo recordando; convivo con una hija de ella y no me comenta que le hayan dicho nada de una misa o algo.
“Lo único que le puedo decir es que ya se olvidaron de esto, no se vale que dejen a los afectados, no debe ser así. Debería ser el gobierno más sensible por todas las vidas que aquí se perdieron” indicó González.
Edmundo Jiménez, otro de los familiares, resume su sentir a cinco años de la tragedia: “El coraje no se ha quitado, estamos todavía con la situación de que no hubo sanciones a pesar de las dos recomendaciones que dieron la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos… sigue pendiente este tema”.
