Ciudad de México. En las cárceles de la Ciudad de México se estima que hay alrededor de 500 personas indígenas, de las cuales 80 por ciento no hablan español, por lo que se enfrentan a un proceso penal en un idioma que no dominan o conocen a medias, advirtió la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
“Son personas aisladas por muros de concreto y acero, pero también por los muros del idioma y la discriminación”, describió.
Señaló que ante este problema la dependencia a su cargo impulsa la capacitación de los integrantes de la Red de Intérpretes Traductores en Lenguas Indígenas Nacionales de la Ciudad de México en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Para lo que, detalló Rodríguez Velázquez, se establecieron estrategias de colaboración con organismos especializados en el tema. Por lo que un grupo de 30 intérpretes acudió a la Universidad Tepantlato, durante tres meses, al diplomado en sistema penal acusatorio para intérpretes-traductores en lenguas indígenas de la Ciudad de México. Y otro grupo a las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría capitalina.
Recordó que la instrucción del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, es que se brinden las herramientas necesarias a quienes atienden a los indígenas en prisión, para que puedan ejercer sus derechos y garantizar el acceso a la justicia de todas las personas que viven en esta ciudad.
La titular de la Sederec afirmó que a nivel nacional el acceso a la justicia para las personas indígenas “es un asunto pendiente en la agenda para proteger y promover sus derechos”.
Desglosó que en lo que va de 2016 la Sederec y esta Red han atendido 112 solicitudes, de las cuales 62 fueron para casos de indígenas que se encuentran bajo algún proceso penal, sobre todo hablantes de mazateco, mixteco, náhuatl, otomí, triqui, tzeltal, tzotzil y zapoteco.
Rodríguez Velázquez remarcó que esta acción atiende el punto 16 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, el cual mandata que se debe promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional, y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
