Reuters
La fiscalía de Perú inició una investigación preliminar contra el presidente de facto, José Jerí, mientras que el Congreso busca dar pie a un proceso para su destitución, tras revelarse recientes reuniones del mandatario con un empresario chino fuera de su agenda oficial en un nuevo escándalo político que golpea al país andino.
Jerí, quien asumió el poder en octubre se puso a disposición la noche de este lunes de la fiscalía y de la comisión de fiscalización del Congreso para “brindar las declaraciones y aclaraciones” sobre el tema, según informó la oficina de prensa del presidente.
Legisladores opositores han manifestado que buscan presentar una moción para la vacancia o censura de Jerí, de 39 años y cuya popularidad, aunque bajó en enero a 44 por ciento según la encuestadora local CPI, sigue alta frente a la de los últimos mandatarios.
“Lo que técnicamente corresponde es una censura porque (Jerí) asumió al poder como presidente del Congreso”, declaró a periodistas el legislador Guido Bellido, que fue primer ministro del destituido ex mandatario izquierdista Pedro Castillo.
La primera reunión de Jerí con el empresario dueño de tiendas comerciales y de una concesión para un proyecto de energía, se produjo el 26 de diciembre y la segunda, el 6 de enero, según imágenes difundidas los últimos días por dos canales de TV.
Jerí, en un mensaje grabado, pidió el domingo disculpas públicas por la primera cita para “una cena” en un restaurante de comida china en Lima. Señaló que acudió para coordinar la celebración de un aniversario más por la amistad peruano-china y descartó haber recibido un “pedido irregular”.
“Admito mi error”, declaró. “Y pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado (a la reunión con el empresario), y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento”, manifestó.
La declaración se produjo horas antes de conocerse la segunda reunión con el empresario cuyo negocio había sido clausurado por la Municipalidad de Lima por vender productos sin autorización. Todas las reuniones de un mandatario peruano deben quedar registradas por la oficina presidencial del Palacio de Gobierno.
