Iván Evair Saldaña
La decisión de los ministros de no utilizar las nuevas camionetas blindadas de 2.4 millones de pesos obedeció a que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “no hacemos oídos sordos” a la crítica de la opinión pública y a que la austeridad “no es un acto simbólico”, afirmó este lunes el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien incluso señaló que podrían trasladarse en autobús o en metro para el desempeño de sus labores.
El ministro Hugo Aguilar Ortiz, junto con otros cinco ministros y el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la SCJN para responder a la polémica por la compra de camionetas, como parte de la renovación de 571 unidades del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF). Afirmaron que la decisión se justificó por razones de seguridad vial, la sustitución de unidades arrendadas modelo 2022 y 2023, y medidas de austeridad que permitirán ahorrar más de mil millones de pesos en los próximos tres años.
“Estuvimos negociando hasta el último minuto para que fuera a un menor costo. Tengan la plena certeza que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. Y yo en lo personal puedo andar hasta el metro, no tengo problema”, dijo Aguilar Ortiz.
También explicó que desde 2010 los ministros cuentan con medidas de seguridad acordes con la responsabilidad del cargo, incluido el uso de vehículos blindados. Dijo que la integración de la Corte anterior contaba con 43 unidades, pero al inicio de la actual integración se recibieron 39, ya que cuatro —“en mejores condiciones”— fueron compradas por los hoy ministros en retiro.
Hugo Aguilar sostuvo que los vehículos disponibles, modelos 2019, 2020 y 2021, presentaban un alto deterioro y fallas mecánicas, además de que el blindaje había rebasado su vida útil, lo que fue confirmado por evaluaciones técnicas y análisis de riesgo realizados por instancias internas y autoridades de seguridad.
Con base en esos dictámenes, agregó que se decidió renovar el parque vehicular mediante la adquisición de nuevas unidades y la desincorporación de la mayoría de las existentes; 21 de ellas serán puestas a la venta. No obstante, dijo, ante los cuestionamientos públicos, y en acuerdo con el Pleno de ministros, se resolvió no utilizar los vehículos recientemente adquiridos y actuar con austeridad, sin que ello comprometa la seguridad ni el funcionamiento institucional, especialmente ante el incremento de viajes terrestres al interior del país.
Aclaró que la sustitución de los vehículos obedece a razones de seguridad vial, no a la inseguridad en el país, y relató que en un traslado a Huejutla su camioneta quedó varada por la ruptura de un rin. Precisó que son unidades diseñadas para uso urbano, poco aptas para viajes de campo, y sostuvo que la decisión está justificada.
“La decisión no fue una decisión subjetiva, arbitraria ni caprichosa para adquirirlo, está justificado. Ahora, lo que queremos reiterar, decir, es que el ministro puede andar como cualquier ciudadano común, podemos ir al campo, si hay necesidad, en autobús, en vuelo o en nuestros propios vehículos”, señaló.
Reiteró que la seguridad no equivale a lujo y que la austeridad no debe afectar su operación. Además, anunció que los vehículos adquiridos podrán ponerse a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, dentro del marco legal, y que las decisiones administrativas seguirán guiándose por criterios de racionalidad, eficiencia, transparencia e interés público, sujetas al escrutinio de la ciudadanía.
Sin embargo, pese a ser cuestionados, los ministros no aclararon qué vehículos usarán para el desempeño de sus labores.
En tanto, el presidente del OAJ, Néstor Vargas, justificó que la compra de los autos modificó el esquema de arrendamiento de automóviles para pasar a la compra de unidades, lo que permitirá que los vehículos sean patrimonio del PJF y generará ahorros cercanos a mil millones de pesos en los próximos años, bajo criterios de austeridad, eficiencia y transparencia.
