Ángel González, especial para La Jornada
Caracas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se dirigió este lunes al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent para decirle que ella obedece solo al pueblo de Venezuela y que este “no recibe órdenes de ningún factor externo”. Bessent dijo más temprano que la dirigencia venezolana debía ver las imágenes del presidente, Nicolás Maduro, siendo secuestrado el 3 de enero para entender que debían “seguir las órdenes de Estados Unidos”.
Durante una reunión con empresarios petroleros nacionales y extranjeros a propósito de la consulta pública de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, Rodríguez pidió permiso a los presentes para responder a lo que calificó como una provocación y declaraciones “poco pertinentes y ofensivas” por parte del alto funcionario de la Casa Blanca.
“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo; no tenemos otro factor externo a quien obedecer”, expresó la presidenta encargada.
Aseguró también que el gobierno que lidera no tiene miedo a ningún poder extranjero y que tiene plena conciencia de las amenazas personales que recibe desde el mismo 3 de enero y las asumió cuando el día 5 se juramentó como presidenta encargada ante el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Así mismo, afirmó que tampoco tiene miedo a relaciones de respeto con Estados Unidos, “pero deben ser de respeto, de respeto a la legalidad internacional, del respeto humano mínimo en relaciones interpersonales y de respeto a la dignidad y a la historia de Venezuela”.
Mayor inversión privada
La presidenta encargada adelantó unos datos acerca de la expectativa sobre inversión extranjera privada. Dijo que prevé un aumento del 55 por ciento en la inversión para el sector hidrocarburos en 2026.
“El año pasado la inversión fue casi 900 millones de dólares y para este año se firmó y se proyectó una inversión de mil 400 millones de dólares”, precisó.
La reforma debatida en la Asamblea Nacional busca reimpulsar la industria petrolera y atraer inversiones para aumentar la producción. Próxima a su aprobación definitiva, propone afianzar la figura de los Contratos de Participación Petrolera, que permitirán a empresas nacionales y extranjeras asociarse con el Estado y ejecutar operaciones de exploración y extracción con mayores flexibilidades bajo un esquema contemplado en la Ley Antibloqueo, legislación especial creada para hacer frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
