Vicente Juárez, corresponsal
San Luis Potosí, SLP. Frente a la inquietud de organizaciones civiles y comunidades indígenas por la posible implementación de proyectos de extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica (fracking) en la Huasteca Potosina, el diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que ninguna intervención de esta naturaleza se ejecutará sin el consentimiento previo de la población.
El legislador sostuvo que la administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prioriza el respeto a los derechos ciudadanos y la consulta vinculante en temas de impacto ambiental y territorial.
El diputado del partido Morena declaró que, ante la diversidad de opiniones y el rechazo manifestado por diversos sectores sociales, el Congreso potosino asumirá una postura de vigilancia permanente.
“El Gobierno de México garantiza la opinión y los acuerdos con la ciudadanía; si la gente no está de acuerdo, de ninguna manera se procederá”, puntualizó García Castillo, al tiempo que se comprometió a transparentar cualquier información técnica o estratégica que surja desde el orden federal sobre la región.
Esta postura surge en un contexto de creciente movilización en la Huasteca Potosina. Organizaciones civiles, activistas y representantes de las comunidades tének y nahuas han advertido sobre los severos riesgos que el fracking representa para el ecosistema regional.
En foros como ‘Diálogos por la Huasteca: energía, agua y territorio’, celebrados en municipios como Ciudad Valles, Xilitla, San Martín y Tampamolón Corona, los participantes han señalado una contradicción entre el discurso de no permitir la fracturación hidráulica y la persistencia de planes estratégicos de hidrocarburos no convencionales.
Los puntos centrales de esta preocupación ciudadana incluyen los riesgos ambientales, como el peligro inminente de contaminación de mantos acuíferos, afectaciones a la biodiversidad y daños irreversibles a la salud pública; la defensa del territorio como un sistema vivo que sustenta la cultura e identidad de los pueblos originarios; y la exigencia del derecho a la información, denunciando la falta de una consulta previa, libre e informada.
Ante esta situación, se ha demandado la implementación de herramientas legales como los programas de ordenamiento ecológico local para que los municipios tengan la capacidad de establecer restricciones a actividades extractivas.
Finalmente, tanto la ciudadanía como los especialistas ambientales coinciden en que la defensa del agua y del territorio es una causa colectiva, haciendo un llamado a la sociedad potosina a mantenerse informada, involucrada y activa ante cualquier desarrollo de estos proyectos energéticos que, a decir de los afectados, ponen en riesgo el equilibrio ambiental y el tejido social de la región.
