Iván Sánchez, corresponsal
Xalapa, Ver. El Congreso del Estado aprobó retirar el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, por lo que podrán ser procesados por la Fiscalía General del Estado.
La decisión fue avalada este miércoles 5 de agosto con 40 votos a favor y 8 en contra durante dos sesiones extraordinarias realizadas a puerta cerrada a partir de las 4:00 de la tarde y hasta cerca de las 8 de la noche
Los legisladores consideraron suficientes los argumentos presentados por la Fiscalía para permitir que continúen las investigaciones y los procedimientos judiciales por los delitos que presuntamente se les atribuyen.
Sin embargo, la aprobación del desafuero no determina de ningún modo la compatibilidad o no de los señalados, sino que únicamente permite que el proceso legal continúe.
Edil de Úrsulo Galván, implicado en desaparición de empresario
El presidente municipal de Ursulo Galván salió del edificio legislativo antes de que los diputados realizaran la votación durante la sesión extraordinaria celebrada a puerta cerrada.
En el exterior del Congreso permanecían camionetas de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, Bravo Montero abandonó el lugar sin ser detenido.
Bravo Montero enfrenta acusaciones relacionadas con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, ocurrida el 14 de mayo.
De acuerdo a la información disponible, Pedro de Jesús Rosado Guzmán sería llamado para sustituir al presidente municipal de Úrsulo Galván.
Alcalde de Ixhuatlán, ligado a asesinato de periodista
Por su parte, González Martínez es señalado por su probable participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, por cuyo caso actualmente hay 8 personas más detenidas.
Tras la resolución legislativa, Juliana Ruiz Martínez asumiría la alcaldía de Ixhuatlán del Sureste.
Antes de la votación, los abogados de ambos ediles acudieron al Congreso y anunciaron que analizaban promover amparos ante la justicia federal para evitar posibles detenciones una vez retirada la protección constitucional.
“La Fiscalía está en condiciones de solicitar una orden de aprehensión; estamos trabajando en un amparo”, señaló Izaskún Moreno, representante legal de Raúl González Martínez, quien calificó las acusaciones contra su defendido como un asunto político.
El partido Movimiento Ciudadano, al cual pertenecen ambos presidentes municipales, sostuvo que los procesos de desafuero forman parte de una persecución política emprendida por el Gobierno del Estado y Morena.
Ante esta situación, la dirigencia partidista solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para proteger los derechos de sus militantes y dar seguimiento a los procedimientos iniciados contra los dos alcaldes.
