Gustavo Castillo García

Ciudad de México. Un juez federal dictó vinculación a proceso por los delitos de contrabando de hidrocarburos y delincuencia organizada contra Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, empresa de la cual es accionista mayoritario el ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y que está relacionada con una red de traslado ilegal de combustibles de Estados Unidos a territorio nacional mediante ferrotanques.

De acuerdo con los datos de prueba recabados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la investigación, Hernández Hinojosa habría intervenido en operaciones de comercio exterior mediante las cuales se declaraban volúmenes de hidrocarburos significativamente inferiores a los realmente transportados.

Asimismo, habría participado en diversos actos jurídicos y comerciales relacionados con la operación de la empresa, incluida la formalización de contratos vinculados con la distribución de hidrocarburos, además de realizar gestiones ante autoridades aduaneras para permitir el ingreso de los cargamentos ilícitos.

La apoderada legal de Ingemar fue identificada como firmante autorizada en diversas cuentas bancarias de la compañía, circunstancia que le habría permitido intervenir en su administración financiera, señalan informes de la FGR.

Los datos de prueba aportados ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, señalan que Hernández Hinojosa realizó gestiones ante autoridades aduaneras para que los cargamentos de combustible importados de manera irregular fueran liberados y regularizados.

Hernández Hinojosa, quien fue detenida en días pasados en la colonia Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, habría participado en la estructura delictiva mediante su representación corporativa, la administración financiera y la ejecución de actos jurídicos vinculados con la operación comercial de Ingemar.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró que el juez federal decretara prisión preventiva oficiosa contra la imputada, por lo que deberá permanecer internada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

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