Jared Laureles y Alexia Villaseñor
Ciudad de México. Ante lo que consideraron como un “genocidio” y “limpieza étnica” perpetrados por Israel en Gaza, más de 300 sindicatos y organizaciones sociales mexicanas se sumarán a una nueva articulación regional para impulsar el boicot, la desinversión y las sanciones (BDS) contra empresas señaladas como cómplices del asesinato de miles de palestinos y de la ocupación de su territorio.
La Coordinación de Sindicatos Mexicanos en Solidaridad con Palestina –conformada por organizaciones de la Nueva Central de Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación– anunció este lunes el lanzamiento formal de la Red Latinoamericana por Palestina por el movimiento BDS, con el objetivo de reunir a organizaciones sindicales y de trabajadores de América Latina y el Caribe.
Jamal Juma, coordinador de la Campaña Palestina Popular contra el Muro del Apartheid, sostuvo que la actual ofensiva de Israel representa un intento por completar el desplazamiento de la población palestina iniciado con la Nakba de 1948, cuando alrededor de 80 por ciento de los habitantes abandonaron sus hogares y cientos de aldeas fueron destruidas.
“Lo que estamos sufriendo hoy en Palestina es mucho peor que lo que fue la Nakba”, afirmó, al señalar que el objetivo actual es concretar la “limpieza étnica total” del territorio palestino.
Juma señaló que lo ocurrido en Gaza constituye un “genocidio” que no se limita a la muerte masiva de civiles, entre ellos niños y mujeres. También, explicó, comprende la destrucción de universidades, medios de subsistencia, campos agrícolas y viviendas, así como la contaminación de la tierra y de las fuentes de agua potable.
En la presentación de la Red Latinoamericana, realizada en el SME, Enrique Gómez, representante de la coordinación, indicó que se busca fortalecer la solidaridad de la clase trabajadora latinoamericana y respaldar las campañas del movimiento BDS.
Para ello, explicó que se plantean tres líneas principales de acción: el boicot, la desinversión económica de compañías, instituciones y productos vinculadas con la ocupación, el apartheid y violaciones a los derechos humanos del pueblo de Palestina. También contempla, la exigencia a los gobiernos de sanciones y medidas concretas para garantizar el respeto al derecho internacional.
La iniciativa también propone revisar y transformar relaciones sindicales, comerciales, financieras e institucionales que, desde su perspectiva, contribuyen a mantener la ocupación.
Otra de sus propuestas es impulsar “espacios libres de apartheid” en sindicatos, centros de trabajo, universidades y otras instituciones que adopten compromisos de solidaridad con Palestina.
