Alma E. Muñoz y Emir Olivares
A punto de cumplirse 58 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas exigió que la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado atienda la acción penal de todos los casos ocurridos del periodo 1965 a 1990, que incluyen delitos de “lesa humanidad” para alcanzar la verdad, la justicia y acabar con la impunidad.
En conferencia de prensa en el Zócalo capitalino, estableció que debe abarcar el caso del 2 de octubre del 68, el 10 de junio de 1971 y el periodo de la llamada “guerra sucia”.
Para la marcha de este viernes, demandó al gobierno capitalino el retiro de las vallas metálicas colocadas alrededor de la plancha del Zócalo.
“Nosotros creemos que debe de haber, de acuerdo con el artículo 11 constitucional, el libre tránsito de las personas, que no necesitamos ningún pasaporte, ningún salvoconducto, ningún documento que nos permita ingresar a cualquier parte del espacio público”, resaltó.
“Somos pacíficos y nuestra marcha es pacífica, esto es una violación flagante” al artículo citado, “no estamos de acuerdo con ello y demandamos que para el 2 de octubre liberen todo el espacio para que podamos transitar libremente”.
Pidió… “los únicos que fueron puestos en la cárcel por los hechos del 2 de octubre y el movimiento estudiantil fueron los estudiantes”, aunque sea ha demostrado por los tribunales que lo ocurrido en Tlatelolco “fue un genocidio y tal como dice la Suprema Corte, se habla de un periodo de terrorismo de Estado”.
Por tanto, “el comité del 68 va a promover el proceso de reconocimiento de inocencia para nuestros compañeros que estuvieron presos, y a 58 años del 2 de octubre creemos que hay los elementos suficientes a poder reiniciar el ejercicio de la acción penal para poner a todos aquellos perpetradores materiales que aún están con vida en prisión”.
Consideró que hay “la intención del nuevo fiscal, Raúl Jiménez Vázquez, que fue un compañero que participó en todos estos procesos de estudiar el genocidio y como podía aplicarse al asunto del 2 de octubre… tenemos una esperanza”.
Pidió al Poder Judicial que “cumpla con su obligación de juzgar a los culpables, con base en las pruebas y testimonios, porque en las averiguaciones previas que se formaron con relación al 2 de octubre hay más de cinco mil pruebas que establecen la responsabilidad penal de todos los funcionarios en la cadena de mando, desde presidente de la República hasta los grupos que participaron en este genocidio, como es el caso de la Brigada Blanca, como la Dirección Federal de Seguridad”.
