Aldo Anfossi, corresponsal
Santiago. La policía chilena reprimió este domingo “con intensidad”, según había prometido el gobierno, a varios miles de manifestantes que salieron a las calles de la capital chilena, a propósito de cumplirse 7 años del estallido iniciado el 18 de octubre de 2019 (18-O) en demanda de cambios en el régimen neoliberal.
Al menos una treintena de personas fueron detenidas durante incidentes ocurridos en el transcurso de una marcha que intentó avanzar desde la simbólica “Plaza Dignidad” hacia la sede del gobierno, el Palacio de La Moneda.
El 18-O de 2019 se caracterizó por movilizaciones de millones de personas y jornadas de protesta que se prolongaron hasta marzo de 2020, que apenas el encierro forzoso por la llegada de la plaga del covid-19 pudieron aplacar.
“Millones de personas no despertaron una mañana de octubre de 2019 simplemente con ganas de salir a las calles con ollas, cucharas y carteles. Fueron años de desigualdades, abusos, violencia, pensiones miserables”, fue la reflexión de Amnistía Internacional Chile.
“Nada” es la respuesta a la pregunta que subyace acerca de ¿qué pasó con las demandas de aquella movilización?
Se trataba, esencialmente, de reclamar por una vida digna edificada en servicios públicos de calidad y oportunos, también de exigir coherencia a una clase política despreciada, percibida lejana, abusadora y también corrupta.
La única conquista verdadera y finalmente fantasiosa, fue forzar dos procesos de redacción de una nueva constitución —el primero controlado por grupos independientes con agenda propia, apoyados por la izquierda política, el segundo por la derecha radicalmente conservadora—; pero que ambos fracasaron, al plebiscitarse los textos propuestos, diametralmente opuestos.
Al contrario, el estallido ha sido demonizado y execrado por la derecha política gobernante, que lo relata como “estallido delincuencial”, por los episodios de violencia extrema que también hubo —incendios intencionales en estaciones de metro, iglesias, comercios, destrucción de bienes de uso público, etc.—, a los que el Estado respondió con intensa represión policial y militar que dejó casi 40 muertos y centenares de heridos.
