Por Rubicela Morelos Cruz, corresponsal
Cuernavaca, Mor. La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) manifestó que es “ilegal” que los diputados locales desechen el juicio político contra el mandatario Graco Ramírez, y advirtieron que interpondrán un amparo para obligar a los legisladores a dar entrada al juicio político contra el gobernador por el presunto desvío de mil 800 millones de pesos, de un crédito por dos mil 806 millones de pesos que avaló el Congreso en 2013.
También evalúan interponer procedimientos jurídicos contra los diputados locales: Hortencia Figueroa Peralta, Francisco Moreno Merino y Jaime Álvarez, por votar, junto con otros legisladores, a favor de desechar la solicitud de juicio político contra el gobernador.
“Para nosotros no fue sorpresa que la mayoría del Congreso local, salvo los diputados del PAN, haya desechado nuestro procedimiento. Los morelenses sabemos que, en general, los legisladores no defienden los intereses de la ciudadanía, y los que votaron a favor de Graco Ramírez son cómplices del gobernador”, dijo el vocero de esa organización, Gerardo Becerra.
La abogada de esta coordinadora, Ruth Arias, aseguró que es ilegal el desechamiento de los diputados, porque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos y el artículo 109 de la Constitución mexicana, establecen que el Congreso de la Unión y los congresos locales deben sancionar a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones que causen perjuicio a los gobernados.
Entre la irregularidades que mencionaron fue que Banobras prestó mil 400 millones de pesos del total del crédito aprobado, y de ese monto se ocuparían 500 millones de pesos para construir el edificio del Poder Legislativo, recurso que desde 2013 se encuentra en las arcas del gobierno que encabeza Graco Ramírez, pero no se ha utilizado ni para “poner una piedra”.
Los ciudadanos indicaron que con la votación en contra del juicio político, los diputados tratan de “limpiar” la imagen del gobernador sobre un eventual desvío de recursos, aunado al hecho de que la auditoría no ha fiscalizado ni el 50 por ciento del monto total del crédito.
