Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Ciudad de México. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a los senadores que dictaminan la reforma en materia de justicia militar, que cuiden que no se vulneren las garantías constitucionales de los ciudadanos.
En un escrito dirigido al presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, a los coordinadores de los grupos parlamentarios y los presidentes de las comisiones dictaminadoras, el representante adjunto de la ONU-DH, Jesús Peña Palacios, señala que llevó a cabo un análisis preliminar de las reformas al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales y hay algunos aspectos que deberían analizarse a profundidad.
Entre ellos que “es importante establecer criterios claros y consistentes que garanticen la seguridad jurídica de las partes y el respeto a los derechos humanos, excluyendo la posibilidad de que las autoridades militares puedan realizar directamente acciones de investigación o procesamiento cuando afecten o puedan afectar a civiles”.
En caso de que sean necesarias y estén autorizadas por el ordenamiento legal, deberán realizarse por las autoridades civiles correspondientes y bajo su supervisión.
Asimismo, en los casos en que en averiguaciones llevadas a cabo por la justicia castrense se detecte la posible existencia de delitos que no sean competencia del fuero militar, se debe reforzar la obligación de dar traslado, sin demora a las autoridades civiles de procuración de justicia competentes en cada caso.
El representante adjunto en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos pide también que se debe regular la comparecencia de testigos o expertos civiles en procedimientos militares, a fin de que la misma se produzca de forma que contribuya al derecho a a la justicia.
“Sin que por ello se ponga en cuestión el derecho de los civiles a no ser sometidos a jurisdicción militar de tipo alguno”.
Sería importante también, dijo, delimitar con mayor precisión los derechos de las víctimas u ofendidos del delito.
El dictamen, sin embargo, está a punto de votarse ante el pleno. No hubo cambios de fondo a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados.
