Ciudad de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solo tiene registrados 38 casos de violencia política en ocho estados, pero hay cientos de casos que no son denunciados porque “son aceptados como normales e invisibilizados”, dijo María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Al participar en el foro Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, organizado por la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD, comentó que ante la falta de una ley específica para hacer realidad los derechos políticos de las mujeres, se elaboró dicho protocolo como una acción urgente frente a casos de violencia política contra ellas para evitar y prevenir daños mayores.
“Las autoridades no debemos esperar agresiones físicas o denuncias en los medios de comunicación para investigar y actuar”, abundó. Ejemplificó con los casos de Rosa Pérez Pérez, que fue obligada a renunciar a la alcaldía de Chenalhó, el acoso laboral de una magistrada en San Luis Potosí y cuyo caso esté en el Senado.
Ante las mujeres reunidas el salón de usos múltiples en la sede del PRD, Alanís Figueroa apuntó que la violencia no sólo se registra en los procesos electorales o en las campañas políticas sino en el ejercicio de las actividades de los partidos políticos. Exhortó a las participantes a denunciar las agresiones y acciones que vayan en contra de sus derechos, y a los partidos políticos darle seguimiento a dichas denuncias.
