Jorge Torres
El fiscal designado por la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para el caso Villa Magna, Ernesto Solís Torres, dio a conocer que la dependencia ya inició una averiguación previa con base en lo que se mencionó en las redes sociales y medios de comunicación sobre el posible envenenamiento de perros.
Ahondó que dicha investigación se inició por maltrato animal, además la tarde de ayer se procedió a llevar a servicios periciales a Villa Magna para hacer las pruebas en el lugar para determinar la causa de muerte de estos animales, y aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias para aclarar esta situación y, en su caso, castigar a los responsables.
Señaló que se presentó en Villa Magna con los activistas, pues ellos saben dónde enterraron a los animales, y se procedió a la inspección por parte de servicios periciales para investigar esta situación y determinar las causas de la muerte de los perros, y, si efectivamente fue por envenenamiento, entonces se va a tratar de determinar quién o quiénes pueden ser los responsables, para turnarse la investigación a la Policía Ministerial: “en los medios de comunicación se manejan ya algunos datos, pero eso tal cual se lo mandé a los elementos de la Policía Ministerial para que consoliden esa información o lo desechen”, añadió.
Cabe destacar que en San Luis Potosí el maltrato a animales domésticos se castiga con cárcel según el artículo 317 del Código Penal; las sanciones van desde tres meses a un año de prisión, y una sanción económica de diez a cuarenta días de salario mínimo: “ya conforme lo que establece el Código Penal respecto del maltrato animal, cuando se vaya dando la figura delictiva, más adelante podríamos mencionar cuál delito se podría configurar y resolver, de entrada es el maltrato animal”, afirmó Solís Torres.
Para concluir, enfatizó que a la PGJE le preocupan todo tipo de delitos que se den y a todos se les da seguimiento, y puntualizó que se ha visto como en este tipo de casos la dependencia ha realizado las investigaciones respectivas, como en el caso de los coyotes quemados en Santo Domingo, y “se ha aplicado todo el peso de la ley” en contra de los responsables por estos hechos, por lo que “primero vamos a determinar las causas de la muerte y, en base a lo anterior, si se configura el delito, ir contra los responsables”.
