Ciudad de México. A contracorriente de la tendencia mundial de limitar al mínimo la construcción de cajones de estacionamiento en las grandes ciudades para inhibir el uso de los automóviles particulares debido al congestionamiento vial y la contaminación ambiental, en México se fomenta y se obliga por leyes comerciales y habitacionales a la construcción de dichos espacios, criticaron los institutos de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Un 42 por ciento de los 16 millones de metros cuadrados que se construyeron en la Ciudad de México entre 2009 y 2013 para 251 desarrollos inmobiliarios correspondió a 250 mil cajones de estacionamiento. Es un “crecimiento desproporcionado”, pero al que las empresas están obligadas por el Reglamento de Construcciones y la Ley de Establecimientos Mercantiles, advirtieron.
Para el próximo trienio se proyecta edificar 1.2 millones de metros cuadrados de oficinas que, con la legislación actual, implicará otros 40 mil cajones para beneficio de igual número de personas y cuyo costo aproximado ascenderá a 7 mil millones de pesos, lo que bastaría para construir cuatro líneas del Metrobús de 20 kilómetros cada una, para beneficio de 600 mil personas, indicaron. Es decir, más de 10 veces respecto a las 40 mil personas beneficiadas con los cajones.
Hace más de tres décadas, Nueva York, Londres, París y Otawa comenzaron a fijar limitaciones en la construcción de cajones. Los institutos ejemplificaron que la Torre Shard de 72 pisos en Londres sólo tiene 47 cajones, en cambio la nueva torre de 54 pisos que el Grupo Financiero Bancomer construyó sobre Paseo de la Reforma cuenta con 3 mil cajones, pese a que se ubica a unos metros del metro Chapultepec donde también hay un gran paradero de autobuses así como cerca de estaciones de Ecobici y en medio de rutas transporte público que circulan por esa avenida.
“La suposición de que el requisito de cajones de estacionamiento en oficinas e inmuebles ayuda a mitigar la congestión vial es errónea ya que representa un subsidio al automóvil e incentiva su uso al asegurar estacionamiento abundante y accesible para el origen y destino de cada viaje, pero eso se traduce en más congestión vehicular y mayores emisiones contaminantes que repercuten en la salud y productividad de las personas”, señaló Antonio Baranda, director del ITDP.
Ante la crisis que padece la Ciudad de México por la mala calidad del aire y la congestión vehicular, los especialistas del ITDP y el IMCO exigieron a las autoridades actualizar las políticas y leyes sobre los estacionamientos en inmuebles, así como las de desarrollo urbano y movilidad pues sentenciaron que las actuales “son contrarias a un modelo de desarrollo compacto, incluyente y sostenible”, al tiempo que demandaron destinar recursos a la movilidad sustentable.
Detallaron que desde 1982, la ciudad de Nueva York estableció un límite máximo al número de cajones de estacionamientos en el centro de Manhattan y con ello se redujeron de 127 mil en 1978 a 102 mil en 2010. En Reino Unido se invita a las ciudades a aplicar un máximo de cajones y, por ejemplo, el edificio de 48 mil metros cuadrados de oficinas y comercios de la aseguradora Sweiss Re sólo tiene 5 lugares de estacionamiento para personas con discapacidad.
Indicaron que otro mecanismo eficaz para reducir los estacionamientos es la cercanía del transporte público porque en París se da un descuento de 100 por ciento del requerimiento mínimo de estacionamientos en las construcciones que se ubican a 500 metros cuadrados de una estación de transporte masivo y en los desarrollos habitacionales sólo se permite un cajón por cada 100 metros cuadrados.
También en Otawa se fijaron máximos de construcción en predios ubicados a menos de 600 metros cuadrados de estaciones de transporte público masivo y Sao Paulo se convirtió en la primera ciudad de América Latina en eliminar el requerimiento de estacionamiento y establecer máximos en corredores de transporte público.
En concreto, el ITDP y el IMCO propusieron eliminar el número mínimo de cajones de estacionamiento en las nuevas construcciones, así como lo establecido al respecto en la Ley de Establecimientos Mercantiles, y cambiarlo por un número máximo. Si las constructoras exceden el tope, señalaron, se debe implementar un esquema de incentivos fiscales para promover la reducción en la construcción de estacionamientos en las zonas de mayor accesibilidad del transporte público y facilitar el uso compartido de los cajones que ya existen, en horarios complementarios.
Incluso sostuvieron que se debe incrementar la implementación de parquímetros en la vía pública justo para desincentivar la mayor demanda de estacionamiento, etiquetar parte de los recursos provenientes de los estacionamientos para destinarlos al transporte público e informar a la ciudadanía sobre su uso.
