A propósito de la revisión de las cuentas públicas de las 58 demarcaciones municipales, especialmente la relacionada con la pésima administración estatal presidida por el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, la escaramuza bipartidista no se ha hecho esperar.
Los partidos del espectro centro-derecha, cuyo dominio en la mayoría de las entidades federativas habrá de formalizarse próximamente, cuando tomen posesión los nuevos gobernantes del PRI y PAN, respectivamente, han retomado una ruta de beligerancia verbal que amenaza la tradicional contemporización política, en medio de la cual tradicionalmente se ha dado la incipiente alternancia política en San Luis Potosí, con resultados similares en cuanto a la entrega de malas cuentas político-administrativas por parte de ambos bandos.
Teniendo como testigo mayoritario a un tercer partido cuyo objetivo inmediato es consolidarse como primera fuerza política en la entidad, para en alianza con los blanquiazules, ¿o con los tricolores según la tribu hegemónica del agónico PRD?, disputar la próxima gubernatura a ese chivo en cristalería en que se ha convertido el gobierno-PRI, los presidentes estatales azulino y tricolor, respectivamente, han iniciado una escaramuzadora pugna que sólo ha de causar hilaridad entre los ex gobernantes Marcelo de los Santos y Toranzo Fernández.
El espectáculo en curso lamentablemente ocupará la atención durante el tiempo que dure de aprobación de las cuentas públicas, opacando los no menos escandalosos casos de las cuentas pendientes de los distinguidos priístas que mal administraron el municipio capitalino: Victoria Labastida Aguirre y Mario García Valdez.
Todo ello, en medio del conjunto de maniobras políticas del priísmo y aliados en el Senado que impidió la aprobación de la Ley 3de3, tal y como había sido presentada y avalada por miles de ciudadanos y empresarios que la apoyaron.
El mensaje que deja el resultado de esas resistencias tricolores, avaladas por la Cámara de Diputados sin modificación alguna, pone en riesgo, según expertos y algunos legisladores, el Sistema Nacional Anticorrupción, mismo que puede convertirse en una simulación más del viejo sistema político.
Acaso por ello, la revisión y aprobación en su caso, de las cuentas públicas que pondrá a consideración próximamente ante el pleno de los diputados la Comisión de Vigilancia del Congreso local, es una oportunidad para demostrar algún indicio de cambio en el comportamiento tradicional de los legisladores, atentos más a la componenda que al reclamo de “sus representados”, que no parecen muy convencidos de las pretensiones reeleccionistas de la mayoría de quienes ocupan hoy cómodamente una curul.
De por sí la credibilidad de los gobernantes va en picada, mientras la resistencia popular y los diversos grupos ciudadanos va en aumento respecto a la imposición de legislaciones lesivas que abarca a la diversidad de grupos sociales. Seguirle echando fuego a la pradera terminará incendiándola.
