Jorge Torres

Un nuevo revés le han dado los juzgados cuarto y sexto de distrito al gobierno del estado en la lucha legal con los pueblos y comunidades indígenas de San Luis Potosí.

Ayer se concedió la suspensión provisional al amparo que había interpuesto la defensa legal de los indígenas contra la convocatoria del gobierno para la realización de las sesiones solemne y de trabajo del Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (Indepi), para este 28 y 29 de junio.

“Es procedente decretar la solicitud provisional respecto de las consecuencias jurídicas de los actos reclamados, se concede la medida cautelar para el sólo efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se lleve a cabo la reunión solemne y sexta sesión ordinaria de trabajo”, señala la resolución de los juzgados.

Al respecto, el abogado defensor de los pueblos indígenas, Guillermo Luévano Bustamante, señaló que con esta suspensión el gobierno del estado no podrá realizar las sesiones planeadas, puesto que estaba violando la autonomía del Consejo Consultivo, cuyo reglamento establece que son únicamente los consejeros indígenas quienes puede convocar a las sesiones. Incluso se pretendía que el gobernador, Juan Manuel Carreras López, presidiera las sesiones, lo cual también viola la autonomía del consejo.

Lamentó el doble discurso del gobierno del estado, el cual públicamente acepta las recomendaciones y asegura que dialogará con los pueblos y comunidades indígenas, pero por otro lado siguen atacando por la parte jurídica tratando de alargar el proceso.

“El gobierno del estado presentó otra queja en otro de los juicios, en el amparo por omisión, a pesar de que se las van a rechazar, esto lo que provoca es dilatación de la resolución de ese amparo que es finalmente lo que buscan”, indicó.

Hay otros intereses: Narciso Mendoza

Por su parte, Narciso Mendoza López, coordinador del Consejo Consultivo, consideró que a final de cuentas esta actitud del gobierno estatal es de alguna manera la respuesta ante la sociedad misma, no sólo a los pueblos indígenas, pues están manejando este doble discurso donde quieren engañar a la gente, “es una falsedad, un engaño hipócrita del gobierno”, el cual dijo incluso sigue buscando por la vía legal detener a los indígenas a pesar de que ya se han dado resoluciones a favor de los pueblos y comunidades, pero ellos siguen atacando.

Mencionó que dada la actitud de las autoridades estatales lo que se puede percibir es que, aunque en un principio se pensaba que esto era un desconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la realidad es que ya hay “un interés más fuerte”, por los recursos naturales que hay en comunidades. “Lo que ellos no quieren es consultar con nosotros lo que van a hacer con los megaproyectos que traen entre manos”, concluyó.

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