Renata Terrazas*
El hartazgo de las y los mexicanos llevó a que en las pasadas elecciones se ejerciera el voto de castigo. Quienes llegaron a las urnas para emitir su voto no necesariamente eligieron la mejor opción, en muchos casos lo que sucedió es que votaron en contra del partido en el poder. Los casos más notorios son los de Quintana Roo y Veracruz, ambos comparten ser gobernados por los personajes más corruptos y abusivos de los últimos tiempos.
Votar por otro partido significó apostarle a que los actuales gobernantes de esos estados sean juzgados por los múltiples delitos de los cuales son acusados. El hartazgo de quienes han padecido por años a Duarte y a Borge sufragó a favor de la posibilidad de atacar la impunidad en sus estados.
En un momento donde se está construyendo un sistema de combate a la corrupción, y en el entendido de que en estos estados hemos observado la comisión de violaciones graves a derechos humanos, abuso de poder por parte de las diferentes autoridades y la consolidación de redes de corrupción inmersas en la total impunidad; lo que suceda en estos dos estados marcará la verdadera apuesta del gobierno federal y del partido en el poder sobre su compromiso en el combate a la corrupción.
Sabemos que la vía legal es uno de tantos pasos para lograr construir instituciones y garantizar derechos. En ese sentido, es de reconocer los avances en la construcción de los marcos normativos que permitirán identificar y castigar la corrupción. Sin embargo, el quid de la cuestión reside en su implementación y en la habilitación de las estructuras del Estado mexicano para perseguir la corrupción y dejar de encubrir a quienes abusan de su cargo para beneficio propio.
Habilitar las estructuras del Estado implica, también, evitar que éstas sean usadas para encubrir los actos delictivos de las autoridades. Las leyes en una comunidad política deben obedecer al interés público, no a la protección de gobernadores temerosos de enfrentar la justicia. Las instituciones tienen que atender los valores democráticos y ejercer las facultades dispuestas en ley, se llamen auditorías, fiscalías, institutos electorales u organismos garantes de la transparencia. Sin embargo a cada momento presentan el riesgo de ser capturadas.
La captura de las instituciones se presenta desde varias vías, la principal es la imposición de gente cercana a los gobernadores como titulares de las instituciones que estarían encargadas de regular el poder. Es decir, el poder mismo impone a quien estará encargado de ponerle freno. Al hacerlo, se desacreditan las instituciones, se minan sus funciones y alcances y se van construyendo instituciones para la impunidad.
Así, Borge acometió a las instituciones democráticas de Quintana Roo al blindarse nombrado a gente cercana para que le cuide las espaldas una vez abandonada su gestión. Arropado por un Congreso servil y en franca confrontación con la gente que representan, se eligió al fiscal y auditor que estarán encargados en revisar la gestión de Borge. El nombramiento de estas personas se realizó en una sesión extraordinaria llevada a cabo en un hotel de Cancún, dadas las protestas de la población.
El mensaje de Borge es claro, así como el de sus compañeros de partido quienes conforman la mayoría del Congreso. El mensaje de la población, al tomar el Congreso y protestar de manera enérgica también fue contundente. Pero, ¿qué tan claro será el mensaje del Ejecutivo Federal y del Partido Revolucionario Institucional (PRI)?
En Veracruz se está viviendo algo muy similar. Duarte está buscando, con todos los medios disponibles –que son muchos–, truncar el desarrollo democrático de su estado e institucionalizar la impunidad y la corrupción. Mediante la captura de las instituciones encargadas en investigar los delitos cometidos por él y su gente cercana, y la del organismo garante de la transparencia, el IVAI, Duarte pretende evitar cualquier acción futura en su contra.
Mediante un proceso opaco de designación para el puesto vacante a comisionado del instituto de transparencia del estado, el IVAI, el Congreso de Veracruz intentó designar a un aliado del gobernador, lo que se traduciría en un aliado de la opacidad.
Por el momento el proceso se ha pospuesto y será la presión de la sociedad y de la oposición la que permita dibujar un mejor escenario. Tendremos que seguir pendientes, la importancia de ello es mayúscula; el IVAI ha resuelto recursos de revisión por falta de transparencia en el gasto en publicidad oficial y ha mantenido la información como reservada; contar con un perfil adecuado e independiente del poder permitiría abrir la información que por años han mantenido en secreto.
La corrupción se combate desde muchos frentes, construir leyes es uno de tantos, pero de nada servirán estos esfuerzos si Borge y Duarte, así como cualquier otro abusivo y corrupto, logran irse como si nada y, quizá, vivir en España de alguna beca, gozando del erario y de aquello que han robado.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
