Jorge Torres
Ayer el Juez Segundo de Distrito, Francisco Ramos Silva, concedió la suspensión definitiva contra la construcción del Confinamiento de Desechos Industriales de Santo Domingo, lo cual significa que los permisos que tiene la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU) quedan sin efectos hasta que se concluya el juicio de amparo definitivo, esto es un paso más allá de la suspensión provisional que se otorgó hace unas semanas por el Juzgado Cuarto, porque ya se entró al estudio del asunto y el juez encontró elementos para invalidar los permisos de la empresa que tiene que ver con el cambio de uso de suelo que otorgó el Ayuntamiento de Santo Domingo, además de la manifestación de impacto ambiental.
Al respecto el abogado de los habitantes inconformes de Santo Domingo, Daniel Jacobo Marín, señaló que el pasado 31 de mayo el equipo jurídico de los habitantes de ese municipio interpusieron dos amparos ante la justicia federal, uno en el Juzgado Segundo y otro en el Cuarto, ayer el Juzgado Segundo falla a favor de los habitantes inconformes con lo que concedió la suspensión definitiva solicitada, la cual deja sin validez los permisos de cambio de uso de suelo que otorgo el Ayuntamiento de Santo Domingo además de la manifestación de impacto ambiental que aprobó la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Esta suspensión definitiva suspende todos los permisos en tanto se resuelve el juicio de amparo definitivo, esto nos da muy buena señal de que el amparo se puede ganar”, dijo el abogado el cual recordó que en el Juzgado Cuarto hay un juicio de amparo provisional, pero esta resolución ya es definitiva; señaló que las partes involucradas, como la empresa CITSU, el Ayuntamiento de Santo Domingo y la propia Semarnat pueden combatir esta resolución pero esto deja ya la constancia de que lo que se está señalando son irregulares y los jueces lo están valorando.
Finalmente mencionó que este nuevo triunfo legal está dejando en claro que los habitantes de Santo Domingo y las comunidades aledañas tienen la razón al señalar las inconsistencias de los permisos de la empresa, la cual no puede realizar ninguna acción en la zona que tiene proyectada para el confinamiento pues de hacerlo estarían desacatando la orden judicial por lo cual esto traería consecuencias penales contra la empresa, “no puede hacer nada y mucho menos con esta resolución, de hacerlo caería en situaciones penales”, concluyó.
