Jorge Torres

Ayer al mediodía, en la carretera 57, a un costado de plaza Sendero, inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intentaron asegurar una unidad de Uber.

Uno de los choferes relató que una persona de la SCT le puso “un cuatro” a uno de los conductores de Uber, pues señaló que los inspectores están solicitando vehículos mediante la aplicación para después asegurarlos, en caso de cobro en efectivo.

Esto provocó una manifestación de choferes de Uber en las oficinas de la empresa, pues dijeron sentirse desprotegidos ante esta “cacería” de la SCT y los taxistas, por ello pidieron protección a la compañía. Ante la nula respuesta anunciaron que buscarán ampararse para evitar que se les aseguren los vehículos en los operativos.

Mediante una alerta, que entre los propios conductores de Uber se ha implementado para protegerse entre ellos mismos de situaciones de riesgo, el chofer detenido por los inspectores de la SCT avisó a sus compañeros, varios de ellos llegaron al lugar en donde increparon a los inspectores sobre sus acciones.

Al final los inspectores liberaron la unidad y al conductor. “Había un operativo con dos carros, traían grúas, patrullas, andaban cazando”, señaló.

A raíz de estos hechos, un grupo de alrededor de 50 choferes de este servicio se presentaron en las oficinas de Uber para protestar ante la indefensión en que la empresa los tiene, pues señalaron que no es la primera vez que esto pasa, por ello pidieron a la empresa que les expida un documento con el que puedan protegerse de los operativos de la SCT.

En el lugar fueron atendidos por una mujer que dijo ser la representante de Uber en San Luis Potosí, quien dialogó por varios minutos con los choferes, los cuales le informaron sobre los operativos y le pidieron garantías.

“Estamos atentos de la situación, estamos nosotros recabando toda la información, no se preocupen, no están pasando nada, cualquier situación tienen nuestro número de emergencia”, les dijo la representante de Uber, y que no se les podía dar un documento para que se protegieran, en todo caso cada una de las demandas particulares podría ser atendida en lo personal.

“Están quitándonos los carros, no sé Uber qué esté hablando con Comunicaciones y Transportes, pero ya estamos cansados de que no nos apoyen, igual no se ve el apoyo desde que se tuvo el incidente con los taxistas, ni de las autoridades ni de Uber y la verdad no sabemos qué hacer”, dijo uno de los choferes a la representante de Uber, pero esta se limitó a decir que en caso de más incidentes tenían que comunicarse al número de emergencia de la empresa, y que ellos los apoyarán al cien por ciento.

“Ustedes sigan trabajando normal, cualquier situación se pueden comunicar con nosotros y nosotros les damos todo el apoyo”, dijo la representante.

Ante estas respuestas los inconformes decidieron bloquear por varios minutos la calle que está enfrente de la plaza Attus, donde se ubican las oficinas de Uber, lo cual provocó que dos patrullas de la policía municipal de la capital llegaran al lugar, aunque la presencia sólo fue para ayudar en caso de algún incidente.

Finalmente, ante la falta de acuerdos con Uber local, el representante de los choferes, Martín Rodríguez, habló por teléfono con el representante de Uber de la Zona Bajío, Gonzalo Gómez Mont, a quien expuso las demandas y la postura fue la misma, que se les iba a apoyar al cien por ciento, pero sin documentos de por medio, por lo cual les dijo que si SCT les recogía los vehículos ya estaban listos abogados de la empresa para realizar los trámites de liberación de la unidad, pagar multas, y que sus ingresos como conductores, sus horas trabajadas, están a salvo a pesar de los operativos, aunque les dejó en claro que no se modificaría nada, incluyendo el pago en efectivo.

Aun así los choferes anunciaron que buscarán un amparo para evitar que se les siga cazando por parte de la SCT, pues la secretaria señaló que los operativos de este tipo serán permanentes.

Cerca de las tres de la tarde se retiraron del lugar con la idea de ampararse para tener un ordenamiento legal que los proteja.

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