Guillermo Luévano Bustamante
La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí mandata que el gobernador rinda su informe anual de trabajo ante el Congreso local en la segunda quincena de septiembre. El Poder Legislativo es un órgano de control político del Ejecutivo, no sólo tiene por función crear o modificar leyes del ámbito estatal, también le corresponde ser un vigilante de la conducción y dirección de la administración pública. Aunque como hemos comprobado, las auditorías suelen aprobar las cuentas de los ayuntamientos y gubernaturas sin mucho análisis o consecuencias.
El Congreso puede requerir a comparecencia al gobernador y a los titulares de las dependencias estatales para que detallen y respondan cuestionamientos sobre el estado que guarda la administración pública. Una de las expectativas democráticas es que ese ejercicio sirviera como rendición de cuentas pero también como mecanismo de control político. Las comparecencias derivadas de los informes de gobierno se han trivializado en San Luis Potosí, más bien es frecuente ver que se han convertido en amables salutaciones e intercambio de elogios entre asambleístas y el funcionariado público, que poco benefician a la comunidad.
El Congreso de San Luis tiene la obligación legal de balancear la conducción de la política local en esa revisión anual, el Poder Ejecutivo debe rendir la información que fundamente sus decisiones y debe entregar evidencia de los resultados parciales de esta primera valoración.
Muchos son los temas sobre los que debe informar el gobernador al Congreso y a la ciudadanía. El aumento de la delincuencia y criminalidad en la entidad es preocupante y el doctor Juan Manuel Carreras se conforma diciendo a la prensa que él sí se siente seguro en San Luis Potosí (según reporta una nota publicada en Globalmedia.mx la semana pasada). La propia planificación de los programas y la política pública, como es el Plan Estatal de Desarrollo, se encuentra impugnada ante tribunales federales por la exclusión contra pueblos y comunidades indígenas y por haberse formulado en abierta violación a la legislación estatal y a la Constitución Política, y sobre eso tendrá que responder el mandatario. La política laboral no está yendo a fondo para remediar la precarización salarial y más bien se concentra en la atracción de inversiones con otorgamiento de numerosas facilidades a empresas multinacionales descuidando la protección y procuración de los derechos laborales, y de eso tendría que responder el titular de la Secretaría del Trabajo.
Se acentúa el desarrollo inequitativo en San Luis, desde la visión gubernamental se promueve el crecimiento de polos “industrializados” y se gestan o procuran megaproyectos que desatienden los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas. En su versión de la democracia los más pobres no tienen voz, son solamente destinatarios pero no tomadores de las decisiones que les involucran.
El Congreso tiene mucha tarea y no debería solapar o encubrir los desaciertos de la administración local. La distancia entre los poderes públicos debería servir para mejorar la calidad de vida de la comunidad y no sólo para el usufructo electoral de los partidos representados en la gubernatura y en la asamblea.
En septiembre habrá un balance administrativo y político en San Luis, a ojos del gobernador será positivo, la ciudadanía tiene sus percepciones, el Congreso presentará como órgano colegiado sus manifestaciones, las cuales tendrían que ser críticas y fundadas, pero sobre todo útiles y convenientes al interés general. Es poco probable que en la conformación actual de la legislatura se destaquen las voces disidentes, pero son más que necesarias para la reorientación de la conducción de la política en San Luis.
@guillerluevano
