Un ciudadano, de quien se desconoce su identidad, interpuso una denuncia penal en contra del presidente municipal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por los presuntos delitos de asociación delictuosa, fraude, peculado, abuso de confianza y lo que resulte por el caso de la compra irregular de medicamentos a la supuesta proveedora Sandra Sánchez Ruiz, según consigna el portal de noticias local Código San Luis.
En la nota se pueden apreciar fotos de las copias de la denuncia en donde se mantiene oculto el nombre del denunciante, sin embargo, se especifica que la denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Función Pública y el Congreso del Estado, además de marcar copia para la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, así como también para los despachos del gobernador Juan Manuel Carreras López, el presidente Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Se relata que el ciudadano refiere sentirse afectado con el desempeño del alcalde de la capital potosina, por diversas situaciones, pero principalmente por el caso de Sandra Sánchez Ruiz, pero también se quejó de programas como el denominado “Pollitos a la Escuela”.
En la demanda, el particular no solo hace responsable a Gallardo Juárez sino también a su equipo de trabajo en el ayuntamiento, así como a los integrantes del cabildo y síndicos a quienes califica de cómplices en las acciones irregulares que en menos de un año de administración han salido a la luz pública.
Cabe destacar que el caso de la proveedora Sandra Sánchez Ruiz, fue dado a conocer por primera vez por La Jornada San Luis, en donde se presume la entrega de más de 60 millones de pesos de acuerdo a datos del propio ayuntamiento, a cambio de medicamentos para el personal de confianza del municipio, lo cual sería una cantidad muy elevada y sobre todo para una adjudicación directa para una proveedora prácticamente desconocida, situación que sigue sin ser aclarada.
Ayuntamiento podría contrademandar
Por su parte, el ayuntamiento de la capital potosina, a través de un comunicado, responde que las denuncias tienen un fin mediático más que jurídico, pues carecen de sustento legal, no especifican algunos de los hechos imputados y son improcedentes, sin embargo, el gobierno municipal responderá en los términos que la ley marca.
“Por el pobre sustento legal, por su nula argumentación, el gobierno municipal no descarta la posibilidad de que dichas denuncias hayan sido presentadas con fines mediáticos por un grupo de ex funcionarios municipales y estatales que sigue empeñado en desprestigiar al ayuntamiento, sin comprender que su dolosa y oscura actuación también perjudica a la comunidad, quien aspira a vivir en un clima de tranquilidad, de paz social y ajena a las argucias de quienes ambicionan poder”, señala el secretario general del ayuntamiento, Marco Antonio Aranda Martínez.
Lamentó que se utilicen a las instituciones, a sus recursos materiales y humanos en denuncias de ínfimo contenido jurídico y de mero interés político, que no tendrán otro eco más que el exhibir públicamente el afán de un grupo de personas ansiosas de retomar el poder que la ciudadanía les quitó por sus malos manejos al frente de dependencias del gobierno estatal y municipal.
Explicó que otra razón para considerar mediática la intención del particular de denunciar al alcalde y al cabildo es que gira copias a instancias y organismos que nada tienen que ver con la procuración de justicia.
Finalmente, Aranda Martínez dijo que el gobierno de Ricardo Gallardo Juárez cuenta con el equipo legal y la documentación necesaria para responder a las autoridades correspondientes, y que se reservará del derecho de contrademandar.
