Ciudad de México. Los bajos ingresos y los empleos informales que tiene la mayor parte de la población ocupada en México representan los principales obstáculos para que, de manera voluntaria u obligatoria, se incremente el monto de las contribuciones para las pensiones, coincidieron los especialistas en el tema Berenice Ramírez, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM y Enrique Díaz Infante, director del programa del sector de finanzas y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
“No hay de dónde puedan ahorrar los trabajadores mexicanos. Los salarios que ganan no les alcanzan para cubrir lo más básico y eso es más grave que el envejecimiento de la población”, consideró la investigadora.
Si bien dijo que son ciertas las cifras que el gobierno presume sobre el actual sistema de ahorro para el retiro, entre ellas que el ahorro de los trabajadores en México asciende a 2.7 billones de pesos y equivale al 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), así como que existen 55 millones de cuentas individuales en las Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores), criticó que no diga que la tercera parte de las cuentas “están paradas o inactivas” ya que sólo unos 19 millones de trabajadores tienen un empleo formal.
Díaz Infante precisó que los trabajadores que reciben sueldo representan sólo apenas la mitad de la población económicamente activa (PEA), así que primero se debe incrementar el empleo formal para garantizar que cuenten con una pensión. Coincidió con Ramírez en que el principal obstáculo para incrementar el monto de las aportaciones para las pensiones o del ahorro en general son los bajos ingresos laborales: “Definitivamente. En la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera cuando a la gente se le pregunta por qué no ahorra responde que no tiene dinero”, pero agregó que también es un problema de conciencia.
Si bien el investigador calificó como positiva y necesaria la propuesta de incrementar el monto de las aportaciones, hizo notar que no se ha precisado a quién se le pasará ese costo: si a los trabajadores, al gobierno o a las empresas, mismas que actualmente aportan 5 de los 6 puntos porcentuales de las aportaciones obligatorias. Lo más viable, dijo, es que el gobierno aumente su participación en las contribuciones, porque si se extrae de las empresas se agravará el problema de la informalidad y desincentivará el empleo.
El gobierno federal no se plantea siquiera que el fondo del problema de pensiones es el fracaso del crecimiento económico, señaló Berenice Ramírez. “El gobierno se da cuenta que las pensiones son muy bajas y considera que la solución es incrementar las aportaciones, pero el problema es que no se plantea ni ha hecho nada por incrementar los salarios. Está preocupado porque se logre el crecimiento económico del país y la responsabilidad y fracaso de la Secretaría de Hacienda es no haber creado las condiciones que generen más empleos y mejores salarios”, indicó la investigadora.
Es de esperarse que en México, advirtió, se reproduzcan “de manera aumentada” las protestas que los trabajadores de Chile protagonizan actualmente “hartos del sistema de cuentas individualizadas y las bajas pensiones porque saben que ha sido un robo y un fracaso”.
La tasa de rendimiento de las pensiones en Chile es de 11 por ciento, casi el doble que en México, refirió Díaz Infante así que no descartó que la primera muestra de inconformidad o frustración de los trabajadores sea encabezada por la primera generación de trabajadores que se jubile con las magras pensiones que se obtendrán del actual sistema de ahorro para el retiro, en vigor desde 1997.
“Eso puede tener un efecto negativo para el sistema, será una muy mala publicidad para las afores que la gente se inconforme con el monto de lo recibido” e incluso podría provocar intentos de regresar al esquema anterior que para el investigador resulta inviable porque el Estado carece de recursos.
A diferencia de la investigadora del IIEc, Enrique Díaz Infante aseveró que se debe perfeccionar el sistema actual y se pronunció a favor de que aumenten las aportaciones, lo cual coincide con la propuesta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), a fin de que los trabajadores se retiren con una tasa de reemplazo mayor a la que se calcula ahora y que oscila entre el 28 y 30 por ciento de su último salario, que resultará insuficiente para que esa población retirada y envejecida satisfaga sus necesidades básicas y también los gastos de salud.
