Carlos López Torres
Aunque los diputados no gozan de buena fama y algunos piensan que no tienen calidad moral, después del escandaloso aumento en sus dietas, mañana martes habrán de iniciar mediante anunciada comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, una serie de aclaraciones a las que se espera dé respuesta puntual el desaparecido auditor superior del estado.
En los prolegómenos de la tardía presencia del escurridizo auditor José de Jesús Martínez Loredo, se han producido una serie de declaraciones de algunos legisladores que forman parte de la Comisión de Vigilancia, donde han menudeado las acusaciones sobre supuestos malos manejos de algunos de sus colaboradores, específicamente en el área de auditorías especiales.
La salida de algunos de estos funcionarios se dice y se comenta, no han sido conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de la Auditoría ni al reglamento respectivo; lo que implicaría, de ser ciertas las observaciones hechas públicas por los diputados, que en esa instancia las cosas no se hacen con la suficiente atingencia, transparencia y pulcritud.
De relevante importancia resulta para los causantes, toda vez que son ellos quienes pagan los altos sueldos de los responsables de auditar el uso de los recursos públicos, conocer a fondo lo que ocurre en la Auditoría Superior del Estado, así como las verdaderas causan del desbarajuste que prevalece, y lo que es indispensable, quiénes son los responsables de la fallida función del ente encargado de velar por el manejo adecuado de nuestros recursos financieros.
Por supuesto, ya se sabe que lo más relevante de lo ahí tratado no será del dominio público dada la prevaleciente tendencia al sigilo propia de la vieja cultura política, que de plano sigue considerando a los ciudadanos como simples espectadores con el sólo derecho a patalear, aunque se diga que existen las instancias legales para inconformarse en caso necesario.
Sin embargo, esa letanía acostumbrada por los burócratas que nos gobiernan cada que se trata de obtener respuesta rápida, transparente y concreta a las demandas de esclarecimiento de corrupción y falta de respeto a la legalidad establecida por las propias autoridades, no es ya creíble para una inmensa mayoría de la población.
Grave, muy grave, resulta que la ASE no esté cumpliendo el rol asignado por la Cámara de Diputados, aunque no hay que dejar de lado la irresponsabilidad que representa el haber dejado transcurrir tanto tiempo con tal anomalía. ¿Serán creíbles por lo tanto, las auditorías practicadas a las pasadas administraciones estatales y municipales? De no ser así, ¿cuál entonces es la alternativa que ofrecerían los legisladores a sus “representados”.
