Angélica Campillo
Habitantes de Los Gómez clausuraron de manera simbólica la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), esto luego de que la compañía de Gas Natural México, SA de CV, demandara a alrededor de 60 habitantes de la comunidad debido a que se oponen a la entrada en operaciones de esta empresa, pues consideran que con ello la yesera USG aumentará su producción y a su vez habrá mayor contaminación en la zona, lo que significa un riesgo en su salud.
José Alfredo Martínez, vecino de Los Gómez, recordó que, en un afán de amedrentar a los habitantes de la comunidad que se oponen a la entrada en funciones de la gasera, esta empresa los demandó, por lo que actualmente hay alrededor de 40 personas citadas a declarar ante la PGR, sin embargo en un inicio eran aproximadamente 60, pero hubo quienes desistieron de su oposición.
En el citatorio que les enviaron se lee que deben acudir ante dicha instancia “por su probable participación en los hechos presuntamente constitutivos del delito de ‘oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público’, ilícito previsto y sancionado en el artículo 185 del Código Penal Federal”.
Apuntó que la gasera es la punta de lanza para que la yesera aumente su producción, y con la entrada de esa compañía incrementarán también los problemas de polución, de afectaciones a la salud y de tráfico. Por lo que, en ese sentido, adelantó que acudirán ante las dependencias que se ocupan de los problemas de contaminación, como la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, puesto que se mantendrán en su postura de oposición.
Manifestó, asimismo, que los propietarios de la yesera “eran muy amigos” de los funcionarios del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, y en 2011, cuando empezaron a oponerse a la entrada de la gasera, tiempo en que gobernaba Ricardo Gallardo Juárez, ese ayuntamiento los vetó en cuestión de obras de pavimentación, siendo que previamente habían declarado que contaban con los recursos para ejecutarlas.
Apuntó que en reuniones sostenidas con las autoridades de ese municipio les informaron que había 50 millones de pesos para obras, pero transcurridos unos meses les dijeron “que no había ni un cinco, que tal vez hasta el próximo año”, situación que consideraron como un castigo por su oposición “a la empresa de un amigo”.
