Jorge Torres

El equipo jurídico del Comité Opositor al Confinamiento de Desechos Industriales de Palula se presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para darle seguimiento a la denuncia que interpusieron el pasado 13 de junio por falsificación de firmas en los documentos de cambio de uso de suelo, así como permisos, que supuestamente avaló la administración municipal 2009-2012 de Santo Domingo a favor de la empresa CITSU, responsable de este proyecto.

Como se recordará, cuatro regidores de la administración municipal 2009-2012 de Santo Domingo, así como el ex alcalde de esa administración, Flavio Reinaldo Tenorio Quintero, denunciaron que sus firmas fueron falsificadas en los documentos de cambio de uso de suelo para la construcción de este confinamiento, por lo cual se incurrió en un delito al falsificar documentos, incluyendo un acta de Cabildo del 3 de septiembre de 2012.

“Simplemente venimos aquí a la Procuraduría para darle seguimiento al tema del basurero de desechos tóxicos de Santo Domingo. Tal pareciera que algunas autoridades están a favor de la empresa porque está la falsificación de firmas y no se nos ha dicho si está resuelto o qué es lo que ha pasado, y la verdad sí nos preocupa porque tal parece que este silencio puede ser una estrategia de la empresa o de alguna autoridad”, señaló Edgar Coronado, integrante del Comité Opositor, quien aseguró que agotarán las instancias legales para evitar que se construya este confinamiento.

Asimismo, lamentó la postura del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, en una reciente visita que hizo a Santo Domingo, pues, a pesar de que se le hizo del conocimiento de esta situación, sólo les dijo que “él no podía hacer nada” porque no era de su competencia: “el gobernador fue a Santo Domingo, lo interrogamos, le pusimos nuestras mantas en donde le dejamos en claro que no queremos el tiradero, pero se deslinda, sospechamos que hay algún acuerdo con la empresa”, relató.

El Comité Opositor, así como el equipo jurídico de los habitantes de Santo Domingo, dialogaron con el titular de la Procuraduría, Federico Garza Herrera, al respecto el abogado Daniel Jacobo Marín expuso que le señalaron al funcionario que han pasado tres meses sin ningún avance en las investigaciones, en donde apenas se solicitó el perito en grafoscopía para analizar las firmas, aunque el procurador se comprometió a seguir la investigación y les pidió a los habitantes colaborar en las investigaciones.

“En fin, mucho qué desear; le recordamos que son ya tres meses, incluso se radicó como una denuncia en la Oficina de Asuntos Relevantes, número 6/2016”, concluyó.

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