Samuel Estrada
El Congreso del Estado, en sesión de pleno de este jueves, aprobó la iniciativa para penalizar con cárcel a los operadores del transporte pirata, sin embargo, a pesar de que duró varias horas la discusión, al final siguió prevaleciendo la duda entre los propios legisladores y los taxistas que se hicieron presentes si esta reforma incluye o no al tema de Uber.
De acuerdo a lo aprobado, el objetivo es el de tipificar como delito y aplicar pena de prisión de tres a cinco años, sanción pecuniaria de trescientas a quinientas unidades de medida de actualización y suspensión hasta por un año del derecho para conducir vehículos a quien sin concesión, permiso o autorización correspondiente vigente, preste el servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades en las vías de jurisdicción estatal y municipal.
Además, para establecer que al concesionario, permisionario u operador, que altere los taxímetros o sistemas de prepago y demás equipos utilizados para el cobro y aplicación de tarifas autorizadas para el servicio de transporte público de pasajeros, se le impondrá de tres a cinco años de prisión, de cincuenta a doscientas unidades de medidas de actualización y suspensión por un año del derecho de conducir vehículos; en caso de reincidencia, además de la pena de prisión que corresponda, privación definitiva del derecho de conducir vehículos.
Indica que cuando en la comisión del delito al que se refiere este artículo tuviere intervención cualquier integrante del consejo de administración, socio o representante legal de una empresa concesionaria o permisionaria del servicio de transporte público de pasajeros, y se cometiere bajo el amparo de aquella, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le correspondan por el delito cometido, y se le impondrá además la suspensión y privación de derechos para prestar el servicio público que se haya otorgado.
Previa reserva de estos artículos, se aprobó que estos delitos se persigan por querella del usuario que se vea afectado. Además, que este decreto entre en vigor a partir del 1 de enero de 2017.
No obstante, la discusión en el pleno duró varias horas, porque, por un lado, el gremio taxista argumentó que la iniciativa se les vendió como un paso más para poder sacar de circulación a la empresa Uber que opera de forma irregular en San Luis Potosí, no obstante legisladores como Manuel Barrera Guillén, Xitlalic Sánchez Servín y José Luis Romero Calzada, externaron en tribuna que al parecer esto no se cumplirá, puesto que sólo se menciona al transporte público y en este caso Uber puede seguir argumentado que ellos prestan un servicio privado, ya que es un acuerdo entre particulares.
Sin embargo, en defensa de la propuesta original, la cual fue aprobada, refirieron que el hecho de agregar la palabra transporte privado a la propuesta para “no dejar fuera” a Uber en esta legislación tal como lo propuso la panista Sánchez Servín, contrario a combatir el problema, provocaría una situación más compleja al albergar en una ley la figura de transporte privado y de hecho sería como “legalizar” en automático el esquema de Uber.
