Carlos López Torres
El inicio del segundo año de ejercicio de la actual Legislatura no puede estar más presionado, dado el nivel de descrédito acumulado por ese poder durante décadas, no obstante el acuerdo legislativo que intenta ganar la confianza ciudadana con la baja de sus salarios hasta un tope de 25 mil pesos por cada legislador.
Tan faltos de credibilidad se encuentran los representantes “populares”, que la IP exige total transparencia en el uso de esos 25 mil pesos que pretenden disminuirse los diputados en sus respectivos salarios.
El reto para la cuestionada Legislatura es formidable. Acaso por ello el diputado Óscar Bautista Villegas, al aceptar que la medida de modificación salarial tiene como finalidad “mejorar la imagen y recuperar la confianza del ciudadano”, deja entrever que tal disposición no es suficiente, sino que habrá de eliminarse el fuero a todos los gobernantes a efecto de lograr el propósito de acreditarse como verdadero poder.
Para no irse en solitario, el legislador conmina a los otros poderes a emular el desplante salarial iniciado por la Cámara a la que pertenece, dados los dispendiosos gastos que ocasionan al erario, especialmente de los secretarios y el gobernador, con sus altos salarios y prerrogativas. ¿Será que le hagan caso?
El otro desafío que enfrenta el Congreso del Estado, consistente en erigirse por primera vez en un verdadero agente popular que haga posible una verdadera rendición de cuentas y, por lo tanto, en un necesario factor de equilibrio del poder omnímodo del Ejecutivo en turno, tiene que ver con las comparecencias de los titulares de la administración gubernamental, algunos de los cuales al decir de diferentes sectores sociales no acaban de dar el ancho.
Sin embargo, los ofrecimientos de que dichos actos no serán una pasarela más de las acostumbradas escenificaciones está por verse, toda vez que lo dicho por el diputado Barrera Guillén, actual presidente de la mesa directiva, en el sentido de que se ha buscado en acuerdo con el Ejecutivo que se aborden los temas que interesan a ambas partes, aunque no exista consulta alguna hacia los ciudadanos sobre algunos contenidos y cifras del informe que merecen ser aclarados a fondo. Es decir, no será pasarela, sino una presentación ligth de los funcionarios ante unos diputados bien portados.
Aunque algunos legisladores han opinado personalmente sobre la inseguridad que se dice está controlada, en la práctica no cesan las disputas por la plaza que escenifican los grupos delincuenciales arraigados en la entidad. Otros han puesto el acento en las presas y otras obras como los puentes mal construidos.
El que de plano debiera hacerse acompañar por Horacio Sánchez Unzueta en su comparecencia es el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dado que es el ex gobernador quien maneja toda la información, elaboración de proyectos, presupuestos, consultas ciudadanas y decisiones sobre la obra pública en la capital, al grado que asegura que la modernización de Carranza tendrá un costo de 800 millones de pesos y la rehabilitación de la calzada de Guadalupe otros 800 millones de pesos. Todo ello para que San Luis Potosí entre de lleno en la nueva etapa de desarrollo, aunque la periferia de la capital y el resto del estado sigan siendo tierra abandonada.
