José Antonio Román
Ciudad de México. Las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y de Allende, Coahuila, ocurridas en 2010 y 2011, respectivamente, siguen impunes, y los familiares de las víctimas sin atención por parte del Estado mexicano.
En un informe elaborado por El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que da cuenta de los avances se atención en estos dos casos, se afirma que las “dos tragedias” se debieron a múltiples factores, pero tres de los principales:
Uno, el control casi total del crimen organizado de algunas regiones de estas dos entidades; dos, la guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo iniciada en 2010, y la complicidad de agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias.
En el informe titulado “En el desamparo”, concluye la urgente necesidad de que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal.
En la presentación del reporte, en el Museo Memoria y Tolerancia, Jacobo Dayán, Javier Sicilia y Juan Villoro, tres de los asesores que rico el trabajo, coincidieron en señalar que estas dos casos son el reflejo de “una enorme y dolorosa tragedia nacional”.
Hay que recordar que en San Fernando fueron ejecutados 72 migrantes centroamericanos por integrantes del cártel de Los Zetas, el 22 de agosto de 2010, mientras que en Allende fueron desaparecidas 26 personas, ligadas a una sola familia, entre el 18 y 20 de marzo de 2011, también por integrantes de la misma organización. Ambos, en un clima de creciente inseguridad y presencia del crimen organizado.
