Jorge Torres
Han pasado ya un año y tres meses desde aquel 17 de julio de 2015 cuando el pequeño Diego encontrara la muerte en el balneario Woow, al acudir a un camping organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En todo ese tiempo el caso se ha caracterizado por las trabas que se ha encontrado la familia del menor para encontrar justicia. El caso actualmente está en manos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cual tiene que resolver si confirma o no la resolución del Juzgado VIII del Ramo Penal en el sentido de negar la orden de aprehensión contra los instructores de la Universidad que la familia considera responsables.
Pero para el juzgado no hay elementos suficientes para imputar responsabilidades por esta muerte a los empleados del centro acuático, ni tampoco a los instructores universitarios que tenían la responsabilidad de cuidar a los menores, entre ellos Diego, pues solo se calificó como una muerte “accidental” producto de que el menor se atoró en un ducto de agua de la alberca, por lo cual no pudo salir a flote para respirar y murió ahogado.
Recomendación cumplida “parcialmente”
Al respecto de este tema, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en diciembre del año pasado la recomendación 37/2015 dirigida a la presidencia municipal de Villa de Reyes por el fallecimiento de Diego, recomendación donde se exculpó a la Universidad y por lo cual la madre del menor se inconformó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En este sentido, el primer visitador de la CEDH, Jorge Andrés López, señaló que de los tres puntos de recomendación dirigidos al ayuntamiento de Villa de Reyes sólo se ha cumplido uno, el que tiene que ver con las instrucciones para que el parque acuático adoptara las medidas de seguridad respectivas y la capacitación a servidores públicos del ayuntamiento. Los otros dos puntos se han cumplido de manera parcial, pues aún falta la sanción administrativa para los servidores públicos involucrados y la emisión de un reglamento de seguridad y vigilancia en la presentación de servicios de centros recreativos, parques acuáticos y balnearios.
Cabe destacar que la CEDH explicó en su momento que no se encontró responsabilidad en personal de la UASLP, pues más bien la empresa ofreció servicios que no cumplió. “La Universidad nos comprobó que para los campamentos sí utiliza personal capacitado; nos mandó toda la información de la capacitación que reciben”, se informó en diciembre del año pasado.
Tema incómodo para la UASLP
Desde que se dio esta trágica noticia, el tema ha sido incómodo para la UASLP, tanto que cuando se le cuestiona al rector Manuel Fermín Villar Rubio sobre este caso, se nota su incomodidad y molestia para responder. En reiteradas ocasiones ha señalado que el caso está en manos de las instancias competentes y que la Universidad “ya hizo lo que tenía que hacer”. Además, cuando se le pregunta sobre si él considera que hubo omisiones por parte de personal de la Universidad sólo atina a decir que “eso no le compete decirlo”.∫
