Jaime Nava
Para muchos, el nombre José Guadalupe Torres Sánchez no significa nada; sin embargo, gracias al cobijo gallardista llegó al Congreso del Estado y ahora los potosinos corremos el riesgo de ser encarcelados si el resto de los diputados apoyan la iniciativa perredista que pretende criminalizar, entre otras cosas, a quienes escuchen música mientras manejan un vehículo.
En la gaceta parlamentaria apareció ayer una iniciativa firmada por Torres Sánchez para modificar el Código Penal y la Ley de Tránsito en el estado, siendo la más llamativa la que pretende realizar a la fracción segunda del artículo 357 del Código Penal para quedar de la siguiente manera: “Comete delito contra la seguridad del tránsito de vehículos, quien: II. En estado de ebriedad, bajo el influjo de medicamentos, estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares o utilizando teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación o de audio, mientras el vehículo este en movimiento, maneja un vehículo.”
Aunque a simple vista parezca que la intención es regular el uso del celular, la redacción propuesta por el legislador es tan vaga que de ella se puede interpretar que el uso del “dispositivo de audio” del propio vehículo mientras se maneja es motivo suficiente para ser detenido y posteriormente condenado a pasar una temporada en prisión. Lo cual podría ser aprovechado por oficiales de tránsito para meter mano en la quincena de unos potosinos cautivos quienes tendrían la oportunidad de elegir entre pagar por su libertad en efectivo y sin descender del vehículo o arriesgarse a ser presentados ante el Ministerio Público como imputados de alta peligrosidad y dormir tras los barrotes.
La propuesta del más cándido de los diputados gallardistas no aporta cifras o referencias a estudios realizados en San Luis Potosí que prueben la necesidad de criminalizar una conducta que desde hace años está dentro del catálogo de sanciones administrativas. Vamos, ni siquiera contiene el número de multas que en el último año se han impuesto por usar el celular al conducir. Únicamente se basa en estudios hechos en otros países, datos imprecisos a nivel nacional y una nota publicada hace un par de años por Notimex.
Además de contener frases copiadas textualmente de la nota mencionada, es posible encontrar errores que de nueva cuenta ponen en evidencia las carencias de los diputados y sus asesores, quienes a pesar de cobrar salarios altísimos son incapaces de presentar proyectos serios, sin plagios o útiles. Al final de la iniciativa, Torres Sánchez asegura que la intención detrás de ese disparate legislativo es la de “concientizar a los conductores” del riesgo de manipular dispositivos cuando se maneja un automóvil.
Si de “concientizar” se trata, el abogado Torres Sánchez debió recordar que existe teoría jurídica que sostiene que el derecho penal debe ser el último recurso del Estado para regular una conducta y considerar un mecanismo alterno para demostrar su genuina preocupación por la vida de los potosinos; no obstante, la iniciativa parece ser un simple ejercicio de trámite para justificar sus quincenas o, en el peor de los casos, la develación de un interés recaudatorio del proyecto político del que forma parte.
La población está a merced de las ocurrencias de un grupo de personas que han tomado el poder para hacer de todo menos lo que esa masa de silencio –a la que suele llamarse ciudadanía– espera como mínimo necesario para mejorar sus condiciones de reproducción de la vida, no sólo por el sueldo que perciben sino por encontrarse en posiciones privilegiadas desde donde podrían transformar algo más que sus cuentas bancarias.
Han pasado 305 días sin que se sepa el paradero de la pequeña Zoé Zuleica Torres Gómez.
Han pasado 21 días y aún no sabemos por qué Cinthia Paola Castro no llegó a su casa
¡Que la UASLP baje los costos de posgrados y licenciaturas! #EducaciónParaTodos
¡Ni un día más en el silencio, ni un día más sin Carmen Aristegui!
@JaimeNavaN
