Angélica Campillo
El contralor interno del ayuntamiento capitalino, Enrique Alfonso Obregón informó que son tres quejas por las cuales se está investigando al segundo síndico con licencia, Juan Eduardo Martínez Oviedo, entre las que se encuentran las interpuestas por dos representantes laborales de ex trabajadores del Instituto municipal de planeación (Implan) debido a convenios que se firmaron pero no fueron pagados por la administración.
Alfonso Obregón declaró que respecto a la investigación que se está llevando hacia el segundo síndico, la Contraloría Interna está en el proceso de solicitar información a las áreas que manejan asuntos en materia laboral, entre ellas Oficialía Mayor y Tesorería, “son áreas que están abonando información a efectos de conjuntar la investigación y en determinado momento tener un avance considerable”.
Mencionó que la investigación hacia Martínez Oviedo se derivó de tres quejas: una fue directamente de una persona, de la que no dio más detalles; así como de recursos que presentaron dos representantes laborales de varios ex empleados del Implan referente a convenios “y concretamente la queja versa en que no se le ha pagado los convenios a los ex trabajadores”. Apuntó que por ahora están trabajando en ello y más adelante abonarán al proceso en materia de legalidad para determinar posibles responsabilidades.
Sólo hay dos laudos en el ayuntamiento: oficial mayor
Por separado, el oficial mayor Noé Lara Henríquez refirió que hasta el momento hay dos laudos que fueron heredados de la administración pasada, no obstante indicó que hay arriba de 600 demandas en contra del ayuntamiento por parte de ex trabajadores municipales, de las cuales casi 300 son de la gestión de Mario García Valdez y las restantes de la presente administración.
Añadió que no se ha dado de baja a ningún trabajador sindicalizado sino únicamente a los que tienen contratos temporales, así como a los que estaban bajo honorarios asimilables a salario; comentó que la semana pasada iban alrededor de 70 los que habían dejado de laborar para el ayuntamiento pero se prevé llegar a los 100. Sin embargo dijo desconocer cuántas de estas personas ya emprendieron algún juicio en contra del municipio argumentando despido injustificado, “pero de ser así están en su derecho, no hay mayor problema porque no son laudos potenciales perdidos para el ayuntamiento puesto que son contratos que ya no fueron renovados”.
