Jorge Torres

Son cuatro años de impunidad, cuatro años en donde amigos y familiares de Karla Pontigo Luccioto ha sufrido no solo por la pérdida irreparable de su hija, hermana y amiga, sino por la indiferencia de las autoridades potosinas que en primera instancia señalaron que la muerte de Karla fue por un accidente, lo cual se ha comprobado en innumerables ocasiones que fue un feminicidio.

Estudiante de Nutrición de 22 años de edad, Karla Pontigo Lucciotto trabajaba los fines de semana como edecán en el extinto antro “Play Club” fue en la madrugada del 28 de octubre cuando salió inconsciente, desangrándose, las autoridades señalaron en su momento que Karla “chocó” con una puerta de cristal en un infortunado accidente, pero hay quienes afirman que fue asesinada en el establecimiento, la realidad es que a cuatro años siguen habiendo impunidad.

SCJN atrajo el caso, pero no se ha avanzado en la integración del expediente; Gobierno del Estado no ha cumplido recomendaciones de la CNDH.

A pesar de las investigaciones hechas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que por su importancia pasaron y continuaron siendo investigadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual el pasado 1 de diciembre de 2015 emitió la recomendación 55/2015 dirigida del Gobierno del Estado debido a la violación al derecho de acceso a la justicia, por actos y omisiones de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la averiguación previa que se inició por el caso, y aunque esta fue aceptada en enero de este año, la realidad es que no se han cumplido ninguna de las recomendaciones, señalo Marco Barrera Vázquez, representante legal de la familia de Karla.

Cabe destacar que el 30 de diciembre de 2015, la familia presentó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) un escrito donde propone las medidas de reparación del daño que considera corresponden, de acuerdo a la Ley General de Víctimas y a los estándares internacionales, pero hasta la fecha no se tiene respuesta sobre esto, a pesar de que el Gobierno del Estado aceptó la recomendación y diferentes funcionarios del estado han manifestado su voluntad de cumplir con la propuesta de reparación presentada.

Ante las deficiencias de las autoridades locales, el caso de Karla Pontigo llegó a la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), esto para verificar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales por parte de las autoridades potosinas en la investigación de los hechos, sin embargo tampoco ha habido avances sustanciales en la integración del expediente del caso, ni siquiera se ha tenido acercamiento con la familia, aunque se espera que debido a la importancia y trascendencia del caso sea el próximo año cuando haya una resolución de la Corte.

Familia han sufrido amenazas, se promovieron medidas de protección que no se han cumplido.

De acuerdo a información de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización no gubernamental con sede en la Ciudad de México, que se dedica a promover el acceso a la justicia para víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos como vía para fortalecer el estado de derecho y abatir la impunidad, desde el mes de abril de 2016 la integridad de la familia de Karla Pontigo está en riesgo, esto tras sufrir una serie de amenazas.

Ante esto defensores de la familia promovieron una serie de medidas cautelares para su protección ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), esto bajo la observancia de la CNDH, no obstante éstas medidas no se han cumplido en su cabalidad, dejando en estado vulnerable a la familia, además la vigilancia sobre estas medidas de protección también ha sido insuficiente.

“En América Latina ha surgido un nuevo movimiento que lucha contra la violencia hacia a las mujeres #NiUnaMenos. Esto, es un reconocimiento de que las mujeres siguen sufriendo diferentes tipos de violencia, incluyendo el feminicidio. La impunidad, la violencia institucional, el silencio y los contextos sociales de discriminación de género, son parte de las causas que permiten que casos como el de Karla Pontigo se mantengan sin solución alguna”, concluyó la Fundación.

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