Xalapa, Ver. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno de Veracruz suministrar los recursos federales que corresponden al municipio de Xico.
Hace unos meses, tras varios de retraso en la entrega de recursos públicos, el ayuntamiento de Xico interpuso una controversia constitucional en contra del Gobierno Estatal para conseguir la asignación de recursos.
Esta semana, la SCJN resolvió la controversia mandatando a la Sefiplan para que entregue los recursos federales pendientes y emprenda las acciones necesarias para que no se vuelva a interrumpir el suministro de estos.
“Se ordena a la Secretaría de Finanzas y Planeación, se abstenga de emitir y en su caso de ejecutar cualquier orden, instrucción o requerimiento que tenga como finalidad interrumpir o suspender la entrega de los recursos económicos por parte de participaciones federales de los ramos 23 y 33”, dice la sentencia.
De no cumplimentar esta sentencia, el titular de la Secretaría, Antonio Gómez Pelegrín podría ir a la cárcel por desacato a la autoridad.
Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa, los alcaldes del PAN y del PRD que tienen tomado el Palacio de Gobierno el retraso en la entrega de participaciones federales.
Sobre el tema, el presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, detalló que los recursos que tienen que entregarse por la dependencia son posteriores a la fecha de la resolución y hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto de la controversia constitucional presentada por la falta de pagos de recursos federales.
De acuerdo con el alcalde, la Corte argumentó que su decisión busca salvaguardar la autonomía municipal, respetando los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país y salvaguardar el desarrollo de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados.
Además del alcalde de Xico, al menos 40 presidentes municipales también interpusieron por su cuenta una controversia constitucional, por lo que se espera “una cascada de resoluciones” en el mismo sentido.
