Carlos López Torres

Aunque la Coparmex había propuesto aumentar el salario mínimo a 89.3 pesos diarios para 2017 y, por su parte, la CTM externo en su momento que debería subir a 100 pesos, finalmente la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) impuso un irrisorio e insuficiente aumento de siete pesos, para que finalmente quedara en 80.04 pesos.

Sin embargo, el empresario tricolor de la Coparmex en San Luis Potosí, Gustavo Puente Estrada, después de reconocer que el aumento a los minisalarios no les alcanzará a los trabajadores para obtener su canasta básica, demandó de los empleados que “deben pensar en ser más productivos”.

Según el representante patronal oficialista, con una mayor productividad “ganamos todos, gana el trabajador y gana el empresarios”, aunque olvidó decir que el aumento sólo recupera 15 por ciento en relación con la pérdida del poder adquisitivo que es de 75 por ciento desde los años setenta.

Oculta el empresario potosino, asimismo, que en medio de la crisis económica que se ahonda, el celebrado aumento que lo lleva a exclamar que no obstante ser insuficiente el aumento “ya es algo que se recupere”, ello no servirá para dar cumplimiento al artículo 123 de la Constitución en lo relativo a que los trabajadores deben contar con un salario que les permita tener acceso a la canasta básica.

Tampoco se nota preocupación alguna en las interesadas declaraciones de Puente Estrada, señalar que el pequeño aumento no coloca a México a nivel del resto de las economías latinoamericanas, incluyendo las centroamericanas, pues México se mantiene muy abajo en materia de salarios respecto a esos países, que no presumen de ser “potencias” económicas como lo hacen insistentemente los compañeros priístas del empresario conservador.

Cuando el propio secretario del Trabajo reconoce la insuficiencia salarial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera que el aumento es bajo respecto a la necesidades de los millones de mexicanos, el dirigente de la CTM en el estado, Emilio de Jesús Ramírez, guarda un silencio cómplice con la decisión de la Conasami, aunque bien sabe que incluyendo los salarios de las empresas a quienes le firma contratos de protección patronal, es en San Luis Potosí donde se pagan los salarios más bajos de la región.

El aumento de siete pesos no cubrirá ni siquiera el aumento a las tortillas, menos el de transporte urbano que a partir de enero tendrá un nuevo incremento.

Con el aumento de impuestos y contribuciones, así como el pago más caro de servicios municipales y estatales, los recortes al presupuesto causarán grave deterioro en el bienestar social y la vida cotidiana de los habitantes de este sufrido territorio de las tunas, resultará más insatisfactoria, lejos de la pretendida prosperidad que sólo seguirán teniendo los empresarios y sus representantes y administradores en el gobierno.

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