Brasilia. La Justicia brasileña presentó hoy una quinta denuncia de corrupción contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la tercera enmarcada en la operación Lava Jato, que investiga una red fraudulenta en la petrolera Petrobras.
El Ministerio Público, que cumple las funciones de una fiscalía, incriminó a Lula, a su esposa, Marisa Letícia Rocco, y a otras siete personas por cargos de lavado de dinero y corrupción pasiva en relación con pagos realizados presuntamente por la constructora Odebrecht.
Entre los acusados está también el ex ministro de Hacienda de Lula Antonio Palocci. Lula es acusado de “comandar una sofisticada estructura ilícita para la captación de apoyo parlamentario” en base al pago de sobornos, según un comunicado del Ministerio Público.
La denuncia cifra en más de 75 millones de reales (22 millones de dólares) los pagos de Odebrecht con fondos provenientes de Petrobras.
Según los investigadores, estos se usaron para financiar a la formación de Lula, el Partido de los Trabajadores (PT), y a dos sus antiguos aliados de gobierno, el Partido Progresista (PP) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Odebrecht, una de las más grandes firmas del país, es una de las empresas más implicadas en las investigaciones de Lava Jato. La operación investiga una presunta red de fraudes en torno a Petrobras, que consistía en el pago de sobornos a políticos por parte de empresas interesadas en obtener contratos con la petrolera estatal.
Lava Jato (Lavado de autos), dada a conocer en 2014, ha puesto en jaque a gran parte de la clase política brasileña. Lula tiene que responder ya en otros dos casos relacionados con “Lava Jato”, en los que la Justicia ha aprobado la apertura de juicio. El ex presidente también es incriminado de corrupción en otras dos investigaciones judiciales, las operaciones Zelotes y Janus.
El ex líder sindical de izquierdas, jefe de Estado entre 2003 y 2010 y considerado como el artífice del “boom” económico brasileño en la década pasada, niega los cargos y acusa a sus rivales políticos de persecución judicial con el fin de impedir su posible regreso en las elecciones presidenciales de 2018.
