Buenos Aires. El transporte público agrupado en la Unión de Transportes Automotores (UTA) se paralizará este lunes desde las 5 a las 7 horas en reclamo por el impuesto a las ganancias, que el gobierno de Mauricio Macri prometió anular durante su campaña electoral, a lo que se agregará la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que lidera Juan Carlos Schmid, uno de los dirigentes de la Confederación general del Trabajo (CGT).
El titular de la UTA, Roberto Fernández, afirmó que que se realizarán asambleas, y algunos gremios podrían parar durante todo el día. También los gremios de transporte aéreo se agregan a este paro, no se recolectará basura, no habrá suministro de combustible, transporte de carga, ni flota marítima y fluvial durante esas horas.
Se realizarán Asambleas informativas por cada sector y se preven complicaciones para viajar hasta el mediodía
“Casi un 60 por ciento del sueldo lo tenemos en horas extras, feriados y francos. Así como también el viático. Esto se lo lleva el impuesto (a las ganancias). Esto es lo que le estamos diciendo al Gobierno y lo que discutimos con muchos diputados en el Congreso”, explicó Fernández
Por su parte, Schmid recordó que la eliminación del impuesto fue “un compromiso del presidente Mauricio Macri durante la campaña electoral” y criticó al gobierno porque “de forma tardía, desprolija y mal, presentó un proyecto con reformas recién a fin de año y, lo que se hace a las apuradas, nunca termina bien”.
Este lunes habrá una nueva reunión entre el gobierno y la CGT para discutir la reforma.
Pero además otros anuncios y decisiones gubernamentales produjeron una verdadera rebelión en los rectores de las universidades y estudiantes.
Después del proyecto de crear una cárcel para migrantes, la deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, destruyendo los programas y acuerdos de la integración en la Patria Grande, que regularizaba la documentación de habitantes de estados del Mercado Común del Sur, y la arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud, ahora el gobierno reclamó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen.
No existe un motivo declarado para este pedido que ya se denuncia como discriminatorio y racial. El diputado oficialista Eduardo Amadeo, argumentó que “Queremos saber a quién le ponemos la plata”.
Varios rectores han comunicado que no aceptarán esta solicitud y las protestas estudiantiles se dejerán sentir en estos días.
