Ciudad de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envío una recomendación a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno de San Luis Potosí, por el uso excesivo de la fuerza, mediante un disparo de arma de fuego contra una persona que resultó herida en hechos atribuibles a dos elementos de la Policía Federal y dos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
De acuerdo a los hechos contenidos en la recomendación, el 16 de junio de 2013 el agraviado salió de un club nocturno y abordó un vehículo junto con otras personas y al emprender la marcha, elementos federales y estatales que los seguían, les dispararon, por lo que el conductor aceleró y más adelante se le ponchó una llanta, deteniendo su unidad.
La víctima descendió del automóvil y empezó a correr hasta que fue impactado por un proyectil de arma de fuego, sin que aquel portara arma alguna que presumiera una posible agresión en contra de los agentes policiales.
De las evidencias recabadas por la CNDH, se acreditó que a los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se les impidió proporcionar atención médica al agraviado por parte de elementos de la Policía Federal quienes resguardaban el lugar donde se encontraba la víctima.
Fue hasta dos horas después que el agraviado fue trasladado al Hospital Central, por herida de arma de fuego en hemitórax derecho, donde estuvo hasta el 3 de julio de 2013 y luego llevado al penal estatal de San Luis Potosí, posteriormente al de Ciudad Valles, donde finalmente obtuvo su libertad en julio de 2016.
En la recomendación de 53 cuartillas, la CNDH recomendó al gobernador Juan Manuel Carreras y al comisionado Renato Sales Heredia, reparar el daño al agraviado, colaborar en la presentación de las quejas ante los órganos correspondientes y las denuncias ante las procuradurías de justicia federal y local contra los servidores públicos involucrados.
Además, deberán impartir un curso sobre el respeto de los derechos humanos, que tenga como referencia los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados, con base en los protocolos y manuales actuales, e inscribir al agraviado en el Registro Nacional y Estatal de Víctimas, para que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de esa entidad federativa.
