Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, por actos de tortura a los que fueron sometidos tres policías por efectivos de la Dirección General de Seguridad Pública Estatal (DGSPE), para que aceptaran su participación en el homicidio de otro uniformado.
En la recomendación 69/ 2016, el organismo nacional acreditó que fueron cinco los elementos de la policía estatal quienes cometieron de manera directa estos actos, tras la muerte de uno de sus compañeros durante una riña en una colonia de la capital potosina, en julio de 2012.
De las tres víctimas de tortura, uno es policía municipal, a quien detuvieron al acudir al lugar de los hechos al recibir una “solicitud de apoyo”, mientras que los otros dos son elementos estatales, detenidos en sus respectivos domicilios.
Las declaraciones de todos ellos con coincidentes entre sí, sobre la forma en que los trasladaron a las instalaciones de la Policía Federal, donde fueron golpeados y acusados de estar involucrado en el homicidio de un policía estatal. Los agraviados fueron coincidentes en señalar que los interrogaron y a base de tortura los hicieron firmar su declaración con los ojos cubiertos y esposados al frente.
Después de analizar las evidencias que integran el expediente CNDH/5//2015/1468/Q, el organismo nacional corroboró que elementos de la DGSPE se excedieron en sus funciones al investigar hechos sin que la autoridad ministerial lo hubiese ordenado, así como detener a las tres víctimas con el propósito de interrogarlas y “aclarar lo que estaba pasando” en torno del deceso del policía estatal, con lo que vulneraron el derecho de los agraviados a la seguridad jurídica.
También se acreditó que detuvieron de manera ilegal a las tres víctimas, al no contar con una orden expedida por la autoridad competente y no encontrarse en el supuesto jurídico de flagrancia; asimismo se observó demora en la puesta a disposición de los tres agraviados ante el agente del Ministerio Público, con lo que se vulneró su derecho a la libertad y seguridad personal.
Además, se contó con elementos de prueba para determinar que las víctimas fueron sometidas a actos de tortura con la intención de que el policía municipal confesara su participación material en el homicidio que se les atribuía y los dos elementos de la DGSPE su intervención como autores intelectuales en el mismo.
