Ciudad de México. Triste el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la entrega atropellada de Joaquín Loera El Chapo Guzmán a Estados Unidos; sin guardar las formas, los ministros de la primera sala cedieron a las presiones del gobierno federal de desechar los recursos de amparo con los que el narcotraficante pretendía aplazar su extradición, ¿Dónde quedó la llamada independencia judicial?
Para no dejar dudas, en una operación fast track inédita, la primera sala de la Corte, presidida por Norma Lucía Piña Hernández, aceleró los trámites para notificarle ayer mismo al quinto tribunal colegiado en materia penal su decisión para que listara y desechara ayer mismo los amparos de Guzmán, dando así luz verde a la extradición que ya había autorizado sumisamente hace meses la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Toda esta prisa tenía como propósito que el gobierno de Enrique Peña Nieto enviara un guiño al presidente saliente de Estados Unidos, Barak Obama, y un guiño de “buena voluntad” (entiéndase quedar bien) con el entrante Donald Trump, justo un día antes del cambio de poderes en el vecino país.
Bien haría el canciller Luis Videgaray en explicar cuál era la prisa de entregar a El Chapo Guzmán, bien haría en explicar por qué no se siguieron los tiempos y plazos normales para tener la oportunidad de sentarse a negociar con la nueva administración estadunidense con cartas de juego en la mano para enfrentar las agresiones veladas y abiertas de Trump a los intereses soberanos de nuestro país.
¿Acción ilegal del Consejo de la Judicatura Federal en materia de presupuesto?
Durante años, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incumplieron con la obligación de regresar los recursos no utilizados a la Tesorería de la Federación, con esos recursos, creó diversos fideicomisos, lejos del escrutinio oficial y público.
De esa manera, se crearon mecanismos para complementar las pensiones de jueces y militares que pasaban a retiro, a fin de que no recibieran el límite establecido por el ISSSTE para los servidores públicos –de alrededor de 10 salarios mínimos-, sino que recibieran pensiones cuatro o cinco veces mayor a esa cifra; así como otros mecanismos para apoyar a los altos funcionarios en los seguros de gastos médicos, entre otros.
En el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprendieron la lección, sin importar que su decisión rayara entre la falta de ética y lo ilegal, particularmente en la actualidad en la que la sociedad exige austeridad en el gasto y los sueldos de la alta burocracia.
De acuerdo con los propios consejeros que votaron en contra de la decisión (3 de 4), el órgano colegiado violó la Ley Federal de Presupuesto y su normatividad interna, las cuales ordenan la devolución de los recursos presupuestales no utilizados en un ejercicio fiscal a la Tesorería de la Federación, al transferir 2 mil 250 millones 600 mil pesos al Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En su resolución, adoptada en la última sesión del año anterior y días antes de que concluyera el ejercicio fiscal correspondiente, el CJF evidenció su falta de compromiso con la exigida austeridad y con la legalidad, al violar la normatividad que prohíbe transferir recursos de una partida presupuestal a otra, máxime si esto se hace de un ejercicio fiscal a otro.
El amiguismo predomina en el Canal Judicial
El Canal Judicial sigue dando tumbos, y lo que es peor, se ha convertido en un club de amigos (de la directora Magdalena Acosta) en donde los altos directivos se aprovechan de su posición para impulsar sus pírricas carreras burocráticas, para dar trabajo a ex colaboradores y amigos, así como contratar empresas productoras para que realicen programas que bien podían hacerlo los propios trabajadores del Canal.
Haría bien el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, en checar los contratos firmados entre el Canal Judicial y la casa productora Águila o Sol, ya que se percibe un tufo de corrupción y favoritismo en el mismo.
A pesar de que el Poder Judicial ha reconocido que vive momentos de austeridad, el Canal Judicial otorgó la base al 35 por ciento de la plantilla que laboraba por honorarios, pero resulta que esos lugares no fueron para los trabajadores que llevan años esperando regularizar su situación laboral, sino que en su mayoría son los allegados de la directora, muchos de ellos que laboraban y laboran en la propia empresa Águila o Sol.
En tanto, sigue en proceso la investigación en contra de la administración del ex director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez por las denuncias de acoso laboral, acoso sexual, desaparición de equipo de producción y el uso de las computadoras de la redacción para ver pornografía.
Proceso que, según funcionarios de la Corte sigue en curso, pero que los más de 22 trabajadores activos y muchos que dejaron sus puestos a raíz de esos problemas ven con preocupación por la falta de resultados, a pesar de las pruebas aportadas.
@jaranda24
