Ciudad de México. Diversas organizaciones civiles y promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, quienes fueron víctimas de espionaje por el gobierno mexicano, presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los objetivos de esta campaña de espionaje fueron Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización el Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO.
Los tres personajes –quienes desde hace varios años promueven un gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México, como una medida para combatir la obesidad y las enfermedades derivadas de este mal–, recibieron entre el 8 de julio y el 17 de agosto del año pasado, diferentes mensajes SMS o enlaces maliciosas con el propósito de infectar sus teléfonos celulares con un “malware para vigilancia”, programa que es comercializado por NSO Group, originalmente para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. Este software solo se puede vender a gobiernos nacionales, y nunca a particulares, según la política de la firma israelí.
En conferencia de prensa, Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, confirmó que el informe Lab Citizen, adscrito a la Universidad de Toronto, demostró el uso de este malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a estos tres promotores del impuesto a las bebidas azucaradas.
El programa introducido en los celulares de los tres personajes es capaz de rastrear cada llamada, leer mensajes de texto, correo electrónico, saber ubicación, identificar sonido, imágenes y hasta las teclas pulsadas en un celular.
