Mérida, Yuc. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Enrique Goff Ailloud, demandó hoy a las autoridades gubernamentales investigar y sancionar las denuncias sobre tortura policial, aplicar un programa específico que prevenga y erradique la violencia contra la mujer y, principalmente, no dejar impunes los casos de feminicidios cometidos en la entidad.
Al rendir este jueves su segundo informe de labores al frente de la Codhey, comprendido de enero a diciembre de 2016, en la sede del Poder Legislativo, el ombudsman también propuso a los 25 diputados ahí reunidos reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los Códigos de Familia y de Procedimientos Familiares del Estado, contar con nuevas leyes para la regulación de albergues e investigar y sancionar la tortura.
Goff Ailloud habló sobre el feminicidio en Yucatán y solicitó la implementación de un programa estatal específico para prevenir, atender y erradicar la violencia contra la mujer.
Recordó que el año pasado, al rendir su primer informe de trabajo, urgió a la Fiscalía General del Estado a tomar las medidas conducentes para no dejar impunes los delitos cometidos contra las mujeres, particularmente los feminicidios. “Hasta ahora se han emitido dos sentencias condenatorias por este delito (feminicidio) y cuatro casos más se encuentran en proceso de investigación bajo la perspectiva de este mismo tipo penal. Sin duda, la implementación y puesta en marcha de dicho protocolo, abona a garantizar a las mujeres de Yucatán un más adecuado acceso a la justicia”, precisó.
“Aún tenemos mucho por hacer para garantizarles a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia, por lo que propuso se realicen mayores y mejores políticas públicas para este fin”, destacó.
De igual forma, reportó que los cuatro penales de Yucatán obtuvieron una calificación promedio aprobatoria de 6.37, mientras que el 73 por ciento de las 106 cárceles municipales carecen de los requerimientos mínimos para garantizar la integridad de las personas detenidas. En pocas palabras, se violan los derechos humanos de los internos.
Goff Ailloud también informó que 230 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos humanos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas, dependiendo de la gravedad de los hechos.
En otro orden, se refirió a sus propuestas legislativas y dijo que la Codhey tiene el objetivo de no exponer a los menores de edad a espectáculos que promuevan o difundan violencia. Y para ello propuso reformas correspondientes a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a fin de adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación de los menores en este tipo de eventos, tales como corridas de toros y otros usos y costumbre nativas mayas que promueven la violencia.
Otra de sus propuestas fue contar con una nueva ley que investigue y sancione la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes enfocada a la prevención, así como de que desde la función investigadora y persecutoria de los delitos se implemente y se practique el Protocolo de Estambul, con la finalidad de detectar o descartar de manera científica posibles hechos de tortura.
“Hacemos un enérgico llamado a quienes dirigen las corporaciones de policías de todo el estado, sobre la importancia de la capacitación continua de sus elementos con la finalidad de prevenir y de sancionar ejemplarmente si es preciso, cualquier práctica que signifique un trato cruel, inhumano o degradante”, remarcó.
Goff Ailloud propuso reformar los Códigos de Familia y de Procedimientos Familiares del Estado a fin de garantizar más el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de cada uno de los integrantes de la familia, en especial de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores en procedimientos judiciales, haciendo estos más eficaces en tiempo y protección.
Otra ley que consideró necesaria es una que proteja la dignidad humana y garantice la integridad de las personas que viven en albergues tanto públicos y privados. Recordó a los asistentes que el mandato del ombudsman no es criticar para destruir, sino señalar para construir, para sensibilizar a las autoridades acerca de los abusos del poder o de las carencias y temas pendientes que afectan e involucran a la sociedad.
Entre los proyectos para el 2017, dijo que se reforzarán las acciones y tareas de las dos visitadurías indígenas, con la finalidad de acercar los servicios que presta la institución de acuerdo con las necesidades de este sector social, y mantener las ‘Brigadas Indígenas’ que consisten en visitas periódicas de promoción y difusión de los derechos del pueblo maya.
