Fernando Camacho Servín
Ciudad de México. Los proyectos de Ley de Seguridad Interior (LSI) que actualmente se analizan en el Congreso representan una amenaza para la ciudadanía, puesto que buscan normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores que no les corresponden, lo cual seguirá alimentando la espiral de violencia que se desató en el país desde la declaración de “guerra” contra el crimen organizado.
Así lo afirmaron la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el colectivo Mexicanos Unidos, quienes señalaron que el verdadero objetivo de este tipo de normas es únicamente reprimir las manifestaciones de descontento de la población y resguardar los intereses de las compañías trasnacionales.
Raúl Jiménez, presidente de la ANAD, subrayó que las diferentes propuestas de LSI son un “traje a la medida” del Ejército y la Marina para permitirles que sigan realizando tareas de seguridad pública, lo cual es violatorio de los Artículos 21 y 29 de la Constitución.
Además, señaló, las iniciativas tienen un “vicio de origen”, porque el Congreso no está facultado para legislar en materia de seguridad interior, además de que la pretensión de dejar al Ejército en las calles pasa por alto diversos ordenamientos y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Por su parte, el general Francisco Gallardo, integrante de Mexicanos Unidos, consideró que la LSI pretende convertirse en una herramienta de “control social” para convertir a las Fuerzas Armadas en una especie de “ejército de ocupación” en contra de los propios habitantes del país.
Este intento, recordó el activista, forma parte de otros planes económicos y de seguridad impuestos desde el exterior, como la llamada Iniciativa Mérida, cuyo propósito es supeditar a las fuerzas castrenses mexicanas con respecto a Estados Unidos y cuidar los negocios de empresas trasnacionales que operan en el país.
